El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Manuel Manero Campos, ha dado a conocer una nueva iniciativa de formalización agrícola destinada a cumplir con los estándares europeos, los cuales prohíben la adquisición de productos vinculados a la deforestación ilegal. La estrategia se inscribe en el marco de la Ley 31973, denominada la ‘Ley Antiforestal’.
El anuncio se realizó durante una asamblea en la Comisión Agraria del Congreso de la República, donde Manero Campos explicó que el objetivo primordial es la inscripción de títulos de propiedad en zonas rurales, junto con el fomento de una administración sostenible de la Amazonía, vista como un atractivo centro de inversión sostenible.
Respaldo a la nueva Ley Forestal, pese a cuestionamientos
De acuerdo a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), durante su comunicado, Manero develó que, hasta la fecha, se han registrado 73 mil títulos de propiedad rural, junto con 79 mil títulos en comunidades nativas y 23 mil en comunidades campesinas.
Esto, según el titular de la cartera, representa un avance significativo en el proyecto de Formalización de la Propiedad Rural en la selva y ciertas áreas de la sierra, puesto que sería a favor de más de 135 mil agricultores y comuneros.
Además, se enmarca dentro de las acciones del Gobierno por alinear sus políticas agrarias con los requerimientos europeos en materia de desarrollo sostenible y conservación ambiental.
Lucha contra la polémica norma sigue su curso
Mientras tanto, continúan llevándose a cabo múltiples iniciativas legales para revertir la Ley 31973, entre las que se incluyen demandas de inconstitucionalidad y proyectos de ley, dada la preocupación de que esta normativa podría acelerar la deforestación de los bosques del país.
Especialmente, las acciones emergen en respuesta a la alarma generada por la eliminación del procedimiento de clasificación de tierras por su capacidad uso mayor (CTCUM) bajo la citada ley, lo cual, según expertos, podría amenazar la preservación de los ecosistemas forestales del territorio nacional.
Esto debido a que elimina un importante control sobre el uso del suelo y el impacto ambiental de las actividades, como la agricultura a gran escala.
De acuerdo a César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, dicha exención beneficiaría especialmente a empresas de monocultivo e implicadas en actividades de deforestación que previamente habían eliminado zonas boscosas sin formalizar y transparentar sus acciones por carecer de un análisis de suelo.
¿Quiénes impulsan las medidas?
Entre las medidas específicas para contrarrestar la Ley 31973, se destacan dos demandas de inconstitucionalidad impulsadas por el Colegio de Sociólogos del Perú Región Lima y Callao y el Gobierno Regional de San Martín, siendo esta última ya admitida a trámite por el Tribunal Constitucional.
Asimismo, se ha presentado una demanda constitucional de acción de amparo, que también ha sido admitida, esta vez por el 2.º. Juzgado Civil – Sede Maynas de Tarapoto.
Y, adicionalmente, se han propuesto cinco proyectos de ley (06788, 06812, 06890, 06958 y 07248) solicitando la derogación de la ley en cuestión, los cuales ya han recibido un predictamen favorable de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
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