Ella no se lo propuso. Cuando la BBC la entrevistó en 2021, después de que la Corte Superior de Justicia de Lima fallara a su favor para que el Estado le reconociera el derecho a la muerte asistida y permitiera que le sea practicada la eutanasia, la activista Ana Estrada declaró que su intención no era “convencer a nadie”.
“Yo sé que es difícil, que hay gente que no lo comprende. [...] Pero hay gente que sí, perfectamente. Esta siempre ha sido una campaña por la libertad de elegir. No ha sido una campaña por la muerte”, dijo entonces, cuando la polimiositis que sufría desde los 12 años ya había aniquilado sus músculos.
Su conquista plena fue alcanzada el último domingo, cuando devino en la primera peruana en acceder a la eutanasia conforme a un protocolo aislado aprobado por el seguro social (EsSalud). Fue precursora por ese derecho en un país donde antes no se había abierto debate al respecto.

“Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final [...] partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía”, indicó su abogada, Josefina Miró Quesada.
“Cuando estuve más lúcida, decidí no hacerlo [quitarse la vida], porque había mucho riesgo, para mi entorno, para mi familia. Hubiera sido una muerte en la clandestinidad, solitaria, dolorosa, con miedo”, dijo. Por eso decidió exigir que se le permitiera tener acceso a una muerte con dignidad.

Aunque la eutanasia no está permitida en Perú, en febrero de 2021, el Poder Judicial le ordenó al Ministerio de Salud y a EsSalud “respetar la decisión” de Estrada de poner fin a su vida a través del procedimiento. Los organismos decidieron no apelar la sentencia, resaltó la cadena CNN.
Fox News, que replicó un despacho de Associated Press, destacó que, a pesar de estos obstáculos, Estrada se graduó de psicóloga en la Universidad Católica, comenzó a trabajar como terapeuta, logró atender a varios pacientes, ahorró, se compró el departamento donde vivía y se independizó de sus padres. Tenía una pareja y criaba un gato.
Sin embargo, en 2015 todo cambió. Se le debilitaron por completo los músculos e incluso los que sirven para respirar, una neumonía agravó su estado y pasó un año en cuidados intensivos. En el hospital aprendió que el peor momento era la hora del baño. Las enfermeras conversaban entre ellas, pero ninguna la miraba para saber si sentía dolor.

“Cuando estás hospitalizado, pierdes tu identidad, hay como una degradación del paciente”, contó. Lidió con una depresión, pero cuando salió de esa dolencia le quedó claro que debía luchar para alcanzar una muerte digna y eso implicaba modificar el castigo para quien la ayude aquel día escogido para morir.
El País, Forbes y elDiario recalcaron que, con el caso de Estrada, la discusión sobre el acceso a una muerte digna continúa avanzando en Latinoamérica, donde solo Colombia es precursor al despenalizar la eutanasia en 1997 para pacientes con enfermedades terminales, bajo ciertas condiciones y protocolos.
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