Sentencian a los suboficiales del Ejército peruano Jesús Sosa Saavedra y Fernando Lecca Esquén por los delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada de personas, que admitieron haber cometido el año 1992 en los casos Pativilca y La Cantuta. La Cuarta Sala Penal Liquidadora, del Poder Judicial, dictó pena de cárcel por 14 y 17 años.
Estos hechos se vinculan estrechamente con el juicio en contra del exdictador Alberto Fujimori, en el cual los agentes se acogieron a la condena anticipada como parte de una estrategia procesal. Sosa Saavedra, conocido por el alias de “Kerosene” debido a su método para deshacerse de los cuerpos, y Lecca Saavedra Esquén admitieron su culpabilidad y detallaron su rol dentro de operaciones militares que resultaron en la muerte de civiles.
El Ministerio Público los acusó de participar en los asesinatos de seis campesinos en los anexos El Caraqueño y San José, en Pativilca, Barranca, ocurridos el 29 de enero de 1992. Así como también por las desapariciones forzadas de los nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta.
Ambos exmilitares reconocieron que sus acciones fueron parte de directivas superiores, implicando a altos mandos del ejército y figuras prominentes como Vladimiro Montesinos, asesor de inteligencia, y el mismo Fujimori. Esta revelación aporta pruebas cruciales en los juicios por violaciones a derechos humanos atribuidos a las autoridades peruanas de la época.
La confesión de los implicados destapa la estructura operativa del Grupo Colina y su dependencia con la cúpula militar, evidenciando la cadena de mando y responsabilidad en los asesinatos y desapariciones.
La Sala Penal que dio las penas impuestas a los exagentes del Ejército estuvo conformada por los jueces superiores Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama.
Grupo Colina y los crímenes perpetrados en el Perú
Los juicios y procesos judiciales continúan arrojando luz las acciones perpetradas por el Grupo Colina en Perú, incluyendo la Masacre de Barrios Altos y la desaparición de la Familia Ventocilla. Entre los implicados se encuentra el expresidente Alberto Fujimori, junto con Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, y otros miembros del grupo.
Estos casos, que resaltan violaciones a los derechos humanos perpetradas en la década de 1990, están siendo tratados en instancias como la Corte Suprema y distintos juzgados penales transitorios y liquidadores.
La Matanza de Barrios Altos, donde en 1991 fueron asesinadas 15 personas, y el secuestro y asesinato de los estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, son dos de las acciones más notorias del Grupo Colina.
Además, otros crímenes, como la desaparición de campesinos en el valle del Santa, la desaparición de la Familia Ventocilla, y el secuestro del periodista Pedro Yauri, reflejan la gravedad de las acusaciones. Los procesos judiciales abarcan desde la ejecución de sentencias hasta revisión de casos en la Corte Suprema, evidenciando la magnitud y el impacto de estos crímenes sobre la sociedad peruana y el sistema judicial.
En total, las acciones del Grupo Colina se dividen en ocho procesos claves, incluyendo casos que ya están en ejecución de sentencia, como los relacionados a las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y aquellos en revisión o tratamiento en distintas salas y juzgados. Entre los procesados se cuentan figuras claves del pasado político y militar de Perú, detallando el amplio espectro de responsabilidades y complicidades en estas violaciones a los derechos humanos.
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