Huánuco: cientos de manifestantes increpan en evento público a congresista Elizabeth Medina, autora de la Ley Antiforestal

Las acciones de protesta en rechazo a las leyes que atentan contra la Amazonía continúan en el Perú. Hoy, en el departamento de Huánuco, durante un evento público, cientos de ciudadanos manifestaron su rechazo a la congresista Elizabeth Medina, quien es la autora de la Ley 31973, apodada como la ‘Ley Antiforestal’.

El hecho ocurrió exactamente cuando la legisladora del bloque magisterial de Concertación Nacional se disponía a exponer en un seminario los supuestos beneficios de la controversial normativa.

Pues, según especialistas en materia ambiental, esta facilitaría la desprotección de los territorios andinos y amazónicos ante invasores vinculados a la tala ilegal, la industria de aceite de palma, entre otros.

Según el Gobierno, la nueva Ley Forestal fomenta la inclusión social y el aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque, destacando que el proceso de entrada en vigencia de la normativa contó con la participación de representantes de pueblos indígenas.

Esto, junto a miembros del Estado y del sector privado, con el objetivo de avanzar hacia la integración de voces históricamente excluidas en el debate ambiental. Sin embargo, organizaciones indígenas afirman lo contrario.

Pues, en el caso de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2.439 comunidades de la Amazonía peruana, ha manifestado que la modificatoria se promovió sin respetar su derecho a la Consulta Previa y de manera ilegal en el Congreso.

Por otro lado, sostienen que la modificación a ley busca simplificar los procedimientos administrativos para incentivar la realización de actividades y proyectos que promuevan un uso responsable de los recursos forestales, pero apuntando a disminuir la carga burocrática.

No obstante, según el análisis legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la reciente disposición complementaria aprobada por el Parlamento, exime a los territorios por formalizarse de la evaluación de capacidad de uso mayor y de la autorización para el cambio de uso del suelo.

La eliminación de este trámite podría significar un alto riesgo para la conservación de los bosques y suelos en el país, ya que la medida facilitaría la formalización de áreas sin los debidos análisis técnicos, afectando negativamente el patrimonio forestal.

Por otro lado, la exclusión del Minam como ente responsable en la gestión forestal y la asignación de esta responsabilidad al Midagri, una entidad cuya misión principal está centrada en promover la agricultura y la ganadería, es fuertemente criticada por los pueblos indígenas, la sociedad civil en defensa del ambiente y otros especialistas.

Al respecto, la SPDA sugiere que la opinión técnica y especializada de la cartera del Ambiente no debería ser ignorada en decisiones que impactan el medio ambiente, más aún si existe el riesgo de que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero.

Actualmente, se sabe que el Consejo de Ministros ha anunciado que el gobierno empleará “mecanismos constitucionales” para revivir el debate sobre las recientes modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Hace poco, el expremier Alberto Otárola subrayó la importancia de encontrar un equilibrio, usando los instrumentos que la Constitución para reevaluar la nueva norma, que fue previamente objetada por el Poder Ejecutivo.

No obstante, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, y Luis Alberto Gonzales Zúñiga Guzmán, director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) aún se han mantenido en reserva sobre la polémica ley, promulgada el 10 de enero.