Este domingo 17 de marzo venció el plazo de 60 días que impuso la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que el Estado peruano entregue información sobre la falta de medidas de protección hacia el líder indígena Quinto Inuma Alvarado, quien fue asesinado en noviembre del año pasado.
Como reveló el portal El Foco, en el sistema de reporte de comunicaciones de la ONU se puede encontrar la carta enviada al Perú, pero no aparece la respuesta de la gestión de la presidenta Dina Boluarte.
La misiva cuenta con las firmas de David R. Boyd, relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y José Cali Tzay, relator sobre los derechos de los pueblos indígenas.
En el documento de ocho páginas, los funcionarios solicitan que el Gobierno, el Ministerio Público y otras instituciones que impartan justicia brinden información sobre:
- El progreso de la investigación del asesinato de Inuma Alvarado, incluyendo qué medidas se han adoptado para asegurar de que las diligencias sean prontas, imparciales y transparentes.
- Si las investigaciones efectuadas hasta el momento se han hecho en conformidad con los estándares internacionales.
- Las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de Quinto Inuma desde la activación del Procedimiento de Alerta Temprana en febrero de 2021.
- Las diligencias que se han realizado sobre las presuntas amenazas recibidas por el defensor de derechos humanos, así como de las medidas adoptadas para prevenir que estas mismas se materializasen, antes de su asesinato.
- El estatus del proceso de la titulación de tierras en la comunidad nativa de Santa Rosillo de Yanayacu.
- Si se han tomado medidas colectivas y culturalmente apropiadas para la protección de Pueblos Indígenas y de las comunidades nativas de las regiones amazónicas, ya que se ha denunciado la presencia de actores criminales en territorios indígenas.
“De confirmarse las alegaciones expuestas, se habrían violado numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos consagrados, entre otros en la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”, se lee en el texto.
“Recordamos al Gobierno de su Excelencia su obligación de proporcionar recursos efectivos a las víctimas, incluso a través del deber de investigar las presuntas violaciones de la normativa de derechos humanos, en virtud del artículo 2 del citado Pacto”, agregan.
Solo tres personas con prisión preventiva
En febrero de este año, El Foco también hizo pública la confesión de Genix Saboya Saboya, el sicario que asesinó al líder indígena Quinto Inuma.
En su declaración, Saboya señala a Segundo Villalobos Guevara como presunto financista del crimen. Según el medio, el apu de Santa Rosillo de Yanayuca denunció a Villalobos antes del atentado. El investigado por tala ilegal habría pagado S/ 1.000 para acabar con la vida de Quinto.
El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Genix Saboya, Jerrly Saboya y Limber Rios; no obstante, la Fiscalía dejó en libertad a Segundo Ramírez Mandruma y Julio Barbarán Ojanama. Los dos últimos son autoridades de Santa Rosillo de Yanayacu, quienes también fueron denunciadas por Inuma con relación a una supuesta vinculación con la tala ilegal.
Quinto Inuma se destacaba por su activa defensa del territorio indígena frente a la invasión de tierras, el narcotráfico y la tala indiscriminada. Estas luchas lo llevaron a recibir múltiples amenazas de muerte. Sin embargo, a pesar de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) dictaron medidas de protección para salvaguardar su vida, estas no fueron suficientes para evitar el fatal atentado.
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