“¡Vamos al cajero!”, es la manera en la que la congresista María Cordero Jon Tay insistía a uno de sus trabajadores para que le entregara una parte de su sueldo a cambio de mantenerse trabajando en su despacho en el Congreso. La revelación, que fue el inicio de una serie de destapes relacionados con abusos por parte de diversos congresistas a sus trabajadores en el Legislativo, terminó mostrando a la legisladora de Fuerza Popular como una más de los ‘mochasueldos’. Y pese a que este sería el caso más claro de concusión en este periodo parlamentario, la inhabilitación no llegó a efectuarse, generando un nuevo blindaje en dicho poder del Estado.
La decisión final en contra de la congresista incluso se dio en cuatro votaciones distintas, perpetuando el blindaje por parte del Congreso. Una primera votación, con 48 votos a favor, 6 en contra y 21 abstenciones, se determina que no era necesario “formular causa penal” contra la legisladora cercana al exdictador Alberto Fujimori. Mientras que en una segunda votación, con 51 votos a favor, 6 en contra y 25 abstenciones, se rechazó la propuesta para inhabilitarla del ejercicio de la función pública por un periodo de 10 años.
En ambos casos, se habría buscado encubrir las acciones de amedrentamiento existentes por parte de la legisladora, que incluso fueron detalladas con grabaciones, imágenes y vóuchers por un extrabajador. Con la inicial del Congreso, los parlamentarios no solo evitan que se perpetúen las investigaciones en contra María Cordero Jon Tay, sino, también, se deja la puerta abierta para que esta pueda volver al Legislativo en los próximos periodos parlamentarios.
Sin embargo, y luego de una reconsideración presentada por la congresista Susel Paredes, se logró retirar la inmunidad a la legisladora María Cordero, permitiendo que la Fiscalía de la Nación pueda investigarla por el delito de concusión que se le imputa. Asimismo, se aprobó también que la legisladora sea suspendida del cargo hasta que se resuelva su situación penal. En su reemplazo queda la congresista Magally Santisteban Suclupe, quien ocupará su lugar en Fuerza Popular.
¿Quiénes apoyaron con el blindaje a María Cordero Jon Tay?
Al tratarse de un blindaje en dos tiempos, primero se votó para la formulación de una causa penal en contra de María Cordero Jon Tay, por el delito de concusión, el mismo por el que estaba siendo investigada en el Ministerio Público. En esta votación, la legisladora fujimorista obtuvo un total de 27 votos a su favor (entre votos en contra y abstenciones) que la eximieron de que se la siga investigando, por encontrarse aforada y con inmunidad parlamentaria.
Quienes se opusieron a la propuesta fueron los congresistas Alberto Kamiche, Pasión Dávila; su hermano, Luis Cordero Jon Tay, José Flores Ancachi, José Balcázar y Edwin Martínez Talavera. Por otro lado, bancadas como Alianza para el Progreso, Perú Libre y sus grupos parlamentarios satélites como Perú Bicentenario, y Unión y Diálogo, también optaron al blindaje con sus votos en abstención o, de plano, ausencia de emisión de voto.
En tanto, perulibristas como María Aguero, Américo Gonza, Isaac Mita, Kelly Portalatino, Wilson Quispe; y otros legisladores como Roberto Sánchez Palomino, Paul Gutiérrez Ticona, Germán Tacuri, Orcar Zea, Kira Alcarraz, Guido Bellido, Digna Calle, Luis Picón, Luis Aragón, Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Héctor Valer, José Arriola, Alberto Pariona, Silvana Robles y Katy Ugarte se abstuvieron de emitir voto alguno.
Por otro lado, respecto al rechazo de la inhabilitación por 10 años contra María Cordero Jon Tay, los seis legisladores que se mostraron en contra en la primera votación repitieron su decisión, y un total de 24 parlamentarios decidieron abstenerse del voto.
En esta segunda votación, quienes también votaron en abstención fueron Alejandro Muñante, y Javier Padilla, de Renovación Popular. Estos dos había votado a favor de la formulación de una causa penal en contra de Cordero Jon Tay, pero apoyaron que esta no sea inhabilitada. De esta manera, la legisladora podrá continuar dentro del Congreso y evadir las investigaciones en su contra, pese a la contundencia de las pruebas que se alzaron en su contra.
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