El Congreso de la República de Perú, a través de la Comisión de la Mujer y Familia, aprobó recientemente un proyecto de ley que propone modificar la denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables.
Esta medida, tomada el pasado miércoles 22, aún requiere la votación del Pleno del Congreso para su implementación oficial. Diversas organizaciones feministas, y hasta el propio MIMP se han pronunciado en contra, pues argumentan que el cambio de nombre podría contribuir a la invisibilización de las desigualdades y violencias que enfrentan las mujeres en el país.
A este rechazo, se ha sumado Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, ha manifestado su preocupación por el cambio de nombre. Este cambio, según afirma, podría constituir un retroceso en los compromisos asumidos por el Perú en materia de protección a las mujeres y cumplimiento de tratados internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención Belén Do Pará.
El Ministerio de la Mujer, creado en 1996 tras la Conferencia de la Mujer de Beijing de 1995, sirve como ente rector en la implementación de políticas públicas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres y a erradicar la violencia contra ellas, resalta Barrios Alvarado.
Esta institución fue la primera de su tipo en América del Sur, posicionando a Perú como un modelo a seguir en la región en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres. La preocupación de la magistrada radica en que el cambio de denominación podría desatender las especializadas necesidades de las mujeres, quienes representan aproximadamente la mitad de la población peruana y son especialmente vulnerables a la violencia.
Desde su creación, el Ministerio no solo ha enfocado sus esfuerzos en la disminución de la vulnerabilidad de las mujeres y en garantizarles acceso a la justicia, sino que también ha trabajado en modificar patrones culturales discriminatorios. A pesar de los avances, el problema de la violencia de género permanece como una prioridad pública que exige un enfoque basado en los derechos humanos, de género e interseccional.
Además, se enfatiza que la protección de los derechos de las mujeres no es incompatible con la atención especializada a otros grupos vulnerables, incluyendo a las familias, niños, personas mayores, discapacitados, LGTBQ+, indígenas y afrodescendientes.
En conclusión, el pronunciamiento de Elvia Barrios Alvarado, destaca la importancia de mantener un enfoque especializado en las políticas públicas dirigidas a la población femenina del Perú, asegurando que su protección y avance no sean relegados. Destaca la necesidad de políticas inclusivas que atiendan a todas las poblaciones vulnerables sin descuidar los avances y compromisos previamente establecidos hacia las mujeres.
MIMP rechaza la insistencia del cambio de nombre por parte del Congreso
“Consideramos que un cambio de nombre de nuestro ministerio, no solo desvirtúa nuestra misión, sino también el compromiso del Estado para con todas las mujeres, niñas y adolescentes”, enfatiza el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), que rechaza este proyecto de ley del Congreso de la República.
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