Nueve mujeres campesinas esperan una sentencia histórica contra 13 miembros del Ejército peruano acusados de cometer abusos sexuales durante el conflicto armado interno en Manta, Huancavelica. Estas ciudadanas, sobrevivientes de violencia de género, han solicitado en reiteradas ocasiones la apertura pública del juicio en su fase conclusiva a fin de que la ciudadanía se mantenga informada y atenta al desarrollo del proceso.
Por ello, este caso resulta especialmente importante no solo por la gravedad de los hechos denunciados, que tuvieron lugar en uno de los períodos más oscuros de la historia reciente del Perú, sino también por la valentía de las víctimas que, después de décadas, lograron llevar su lucha por justicia ante los tribunales.
Resolución del Caso Manta sentará un precedente en el Perú
Infobae Perú conversó previamente con Cynthia Silva, abogada que acompaña la defensa legal de tres sobrevivientes y directora de la organización feminista Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), quien precisó que la importancia de reconocer y denunciar los crímenes de lesa humanidad en Perú radica en su contribución a la memoria histórica del país en contexto de conflictos armados.
Estos actos, que consistieron en el uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos para etiquetar a personas como terroristas y perseguir a civiles inocentes, reflejan políticas de control sobre la población que se implementaron en diversas regiones del país.
No sería la primera vez que se pide juicio público
El juicio oral se encuentra en su fase decisiva, a pocos pasos de concluir; sin embargo, la solicitud formal para que este proceso se desarrolle de manera pública aún no ha sido atendida. El pedido se argumenta en que es un evento que ha capturado la atención pública y mediática, que subraya la demanda de transparencia y acceso a la información en casos de profundo impacto social y político.
Violencia sexual en el conflicto armado interno
Durante el extenso período de conflicto armado interno que experimentó Perú entre 1980 y 2000, las mujeres, especialmente de zonas rurales y comunidades menos favorecidas, se encontraban en una posición de vulnerabilidad notablemente elevada.
Esto se evidenció en regiones de la sierra sur como Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Apurímac, donde ser parte de la población femenina incrementaba el riesgo de sufrir violencias y abusos. Un reporte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), publicado el 28 de agosto de 2003, arrojó luz sobre esta compleja realidad y dio a conocer que “las víctimas eran mayormente mujeres quechuablantes (75% de los casos), de origen rural (83%), campesinas (36%) o amas de casa (30%)”.
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