El Gobierno promulgó una nueva ley en el ámbito penal que tipifica como delito contra los recursos naturales la construcción o alteración ilegal de embarcaciones destinadas a la actividad pesquera. La normativa establece sanciones que van entre los tres y los cinco años de prisión, además de imponer multas correspondientes a 180 a 400 días por atentar contra la biodiversidad y la sostenibilidad de las actividades marítimas.
Bajo este marco normativo, el Ministerio Público ha sido asignado para desarrollar un protocolo específico que aborde la problemática de las embarcaciones empleadas en la pesca ilegal, actividad que llega a generar una pérdida de entre 260 y 400 millones de dólares al año en el país, según la Marina de Guerra del Perú.
En ese sentido, mediante dicha legislación, se pretende combatir de forma más efectiva aquellos actos que infringen las regulaciones existentes, como por ejemplo la pesca durante periodos de veda —tiempo en que se prohíbe la captura de las especies para evitar la depredación de los recursos naturales y permitir su reproducción y subsistencia— o la falta de autorizaciones de incremento de flota o licencias de construcción requeridas.
Problemática no logra resolverse desde hace más de una década
Percy Grandez, especialista legal de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) conversó con Infobae Perú para analizar a fondo otros detalles y aspectos que resaltan la importancia de esta nueva ley.
Sobre ello, en primer lugar, el especialista recalca que, pese a que existe una prohibición respecto a la construcción y modificación ilegal de embarcaciones pesqueras desde hace muchos años, esta problemática afecta al sector pesquero hace más de una década. Además, hace hincapié en que esta no solo afecta la sostenibilidad de las especies marinas, sino también a la economía de los pescadores artesanales.
Por ello, con el objetivo de establecer un freno más contundente a esta práctica, ahora las Fiscalías Especializadas en materia ambiental podrán realizar interdicciones y sancionar penalmente dichas construcciones y modificaciones ilícitas.
Costa norte del país en peligro
Según el especialista de la SPDA, estas actividades ilegales se extienden a lo largo de todo el litoral peruano, pero son particularmente prevalentes en la costa norte del país, sobre todo en el departamento de Piura, exactamente en la localidad de Parachique, en la provincia de Sechura; y la provincia de Paita. En dichos lugares se ha detectado un incremento en la construcción ilícita de embarcaciones pesqueras de grandes dimensiones.
Para revertir esta situación, la nueva legislación busca proporcionar herramientas legales más contundentes. Para ello, la ley contempla que el Ministerio Público desarrolle próximamente, en coordinación con la Dirección General de Capitanias y Guardacostas (Dicapi), un protocolo para efectuar las intervenciones necesarias. No obstante, Grandez especifica que si bien la ausencia de dicho protocolo no restringe la capacidad de interdicciones, se espera que dentro de un plazo razonable de un mes, este sea elaborado y aprobado para facilitar el cumplimiento de la ley.
Trabajo multisectorial es clave para reducir pesca ilegal
Por otro lado, Grandez señala que para optimizar la eficacia de las intervenciones en materia de pesca ilegal es importante que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), en colaboración con el Ministerio Público y el Ministerio de la Producción (Produce), trabajen de manera articulada con los gobiernos regionales.
Pues, refuerza que las autoridades regionales actualmente enfrentan el desafío de intensificar la fiscalización para combatir esta práctica y proteger los recursos que están disminuyendo, afectando así la subsistencia de la comunidad pesquera.
Sin embargo, detener esta práctica ilegal no es solo una cuestión de aplicación de la ley, sino también de concientización acerca de la importancia de la preservación de los recursos marinos para futuras generaciones.
La historia de la ley combatirá la pesca ilegal
En el Perú, la ilegalidad de estas prácticas ya se encuentra contemplada desde el Decreto Supremo 006-2015, que prohíbe la construcción de nuevas embarcaciones para la pesca artesanal y el Decreto Legislativo 1393, que ordena la intervención y destrucción de las construcciones navales ilegales.
No obstante, la promulgación de la nueva ley que tipifica como delito contra los recursos naturales la construcción o alteración ilegal de embarcaciones destinadas a la actividad pesquera es, en parte, resultado del Proyecto de Ley 6452/2023-CR propuesto por la congresista Janet Milagros Rivas Chacara del grupo parlamentario de Perú Libre.
Dicha iniciativa legislativa —además de otras tres con objetivos similares presentadas entre 2022 y 2023— buscó incorporar sanciones penales para las actividades relacionadas con la pesca ilegal, siendo revisadas por las Comisiones de Justicia y Producción del Congreso.
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