El proyecto del congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), con el que busca que el Parlamento pueda destituir a magistrados supremos y ya no la Junta Nacional de Justicia (JNJ), podría estar inmerso en un presunto conflicto de interés ya que su yerno es abogado de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Se trata del constitucionalista Aníbal Quiroga, quien también ha ejercido la defensa del Congreso en proceso ante el Tribunal Constitucional.
Justamente, Quiroga asumió la defensa de Benavides Vargas cuando la extitular del Ministerio Público presentó la demanda competencial con la que busca anular dos investigaciones disciplinarias que se le siguen en la JNJ por presuntas faltas muy graves. Estos procesos podrían terminar en la destitución de la exfiscal de la Nación.
Aníbal Quiroga también fue el abogado que presentó la primera demanda de amparo contra la JNJ, recurso que cayó en el despacho de la cuestionada jueza supernumeraria Jacqueline Tarrillo Meneses. Dicha magistrada habría sido señalada por el exasesor Jaime Villanueva como parte de las coordinaciones para emitir una medida cautelar a favor de Patricia Benavides.
En diciembre, la JNJ suspendió de sus funciones a Patricia Benavides tras ser señalada como la jefa de una presunta organización criminal enquistada en las altas esferas del Ministerio Público. Luego de todos estos hechos es que Roberto Chiabra presentó el cuestionado proyecto de ley que arrebata facultades constitucionales a la JNJ.
Presidente del PJ rechaza proyecto de Chiabra
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, manifestó su firme rechazo al proyecto de ley impulsado por el congresista Roberto Chiabra, que busca que sea el Congreso y no la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el ente encargado de destituir a jueces y fiscales supremos.
Esta declaración se produjo durante el inicio del año judicial 2024 en el Palacio de Justicia. Arévalo también expresó preocupación por una moción de la congresista Martha Moyano, que plantea una reforma del sistema de justicia en un plazo de 45 días.
El máximo representante del Poder Judicial subrayó que cualquier proyecto de ley, como ejercicio democrático, está sujeto a debate público. Sin embargo, enfatizó que “ninguna iniciativa puede pasar sin previamente no nos es consultada”, en defensa de la independencia judicial. Argumentó que los errores individuales no justifican una reforma estructural de las instituciones judiciales.
En la víspera, Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso, también se distanció del proyecto de Chiabra, aclarando que no representa la postura de su partido y reafirmando el compromiso con la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos.
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