Enma Benavides: Incorporación de la Procuraduría en caso contra jueza permitiría una investigación complementaria

El magistrado supremo, Juan Carlos Checkley, confirmó en su fallo del 27 de diciembre del 2023, que la Procuraduría Anticorrupción continuará como parte civil en el proceso judicial que afecta a la magistrada Enma Benavides, quien es hermana de Patricia Benavides, la Fiscal de la Nación actualmente suspendida. Este dictamen se mantuvo firme tras la ausencia de objeciones o recursos de apelación contra su veredicto previo por parte de los involucrados en el caso.

Según lo detallado por el medio RPP, que tuvo acceso exclusivo la resolución de Checkley, quien preside el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema del Poder Judicial; la medida de incorporación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción al caso de Enma Benavides se da “sin que las partes hayan interpuesto recurso impugnatorio alguno”.

“Es decir, con dicha conducta procesal se denota su conformidad con lo resuelto; por lo que, corresponde declarar consentida la resolución en referencia”, precisa la resolución en cuestión del último 30 de diciembre.

Desde la primera vez que se dispuso el ingreso de la Procuraduría en el caso, se han logrado una serie de gestiones cruciales en el proceso contra la jueza investigada por presuntamente haber solicitado dinero a narcotraficantes para expedir su liberación.

Tras disponerse inicialmente su ingreso, el 30 de octubre del año pasado, en una resolución en la que Checkley dispuso “declarar fundado el requerimiento presentado por la Procuradora Pública Adjunta Especializada en Delitos de Corrupción, Yudith Villegas Espinoza. Además de tener como actor civil a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción en el proceso seguido contra Emma Rosaura Benavides Vargas y otros”; la parte procesal tuvo la posibilidad de realizar requerimientos.

Uno de estos es el pedido de 6 millones 500 mil soles como reparación civil a favor del Estado Peruano por los presuntos delitos cometidos por la magistrada hermana de la suspendida fiscal Patricia Benavides, como lo son el de asociación ilícita para delinquir (2′500 000 soles), cohecho pasivo específico (2′500 000 soles) y cohecho activo específico (1′500 000 soles).

Pero la solicitud de retribución económica no es la única injerencia de peso en el proceso. En el marco del pedido de sobreseimiento del caso presentado por el Fiscal Uriel Terán, la Procuraduría Anticorrupción fue la principal parte procesal que se mostró en contra de la solicitud; ya que tanto la fiscalía como la defensa de Benavides Vargas argumentaba estar de acuerdo con la solicitud.

A diferencia del resto de partes procesales, ha sido la misma Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a través de su representante, Rony Fernández, la que ha solicitado ante el despacho de Juan Carlos Checkley la apertura de una “investigación suplementaria” a la jueza Enma Benavides.

Este pedido se sustenta en la posibilidad de que se puedan incorporar “nuevos datos” a las investigaciones; los cuales tendrían la posibilidad de determinar si los magistrados implicados en el esquema de corrupción recibieron dinero para liberar a procesados por narcotráfico. Entre las diligencias que podrían comprender esta investigación adicional podrían estar la ejecución de un examen del patrimonio de los jueces, la recepción de declaraciones de los narcotraficantes procesados y la presunta existencia de intermediarios entre los jueces señalados y los investigados.

Otra declaración importante solicitada por la Procuraduría es la los jueces colombianos Roberto Gómez Herrera, José Ruiz Martínez y el juez peruano Manuel López Quispe. Según Fernández, serían estos jueces quienes pagaron a los presuntos intermediarios de los magistrados peruanos, Walter Mendoza y Ana Vásquez Aliaga; y que el único hecho a corroborar, tras la revisión de presuntos elementos de convicción, es si dicho dinero “ingresó o no al patrimonio” de los jueces.

Como se sabe, el pedido de sobreseimiento se fue debatido durante la audiencia del último 11 de diciembre del 2023 ante el juez Juan Carlos Checkley. Según el reglamento, una vez presentado el requerimiento de sobreseimiento ante un juez, este tiene un plazo de 15 días hábiles para resolver sobre la solicitud. Por lo que la decisión del magistrado sobre el hecho debe ser anunciada en los próximos días.

Asimismo, cabe destacar que, si bien el fiscal Uriel Terán ha sido removido por el titular del Ministerio Público interino, Juan Carlos Villena, dicho cambio no supone un aplazamiento en la decisión de Checkley. El pronunciamiento es inminente.