Mafias de trata de personas y explotación sexual ganan terreno en Perú ante un gobierno con pocos reflejos

Todas sufren, todas temen, todas lo hacen por sobrevivir. El trabajo sexual en el Perú, desde hace unos años, viene siendo dominado por mafias extranjeras, quienes han incursionado en este negocio con una visión empresarial nunca antes vista en territorio nacional, según las propias trabajadoras sexuales.

De acuerdo información de la Policía Nacional del Perú (PNP), estas bandas criminales reclutan a jóvenes mujeres que viven en Venezuela, Colombia, Ecuador, entre otros países de la región, para traerlas a tierras peruanas con engaños, y bajo amenazas, para explotarlas sexualmente.

Este accionar, ya cotidiano, ha provocado que la trata de personas mueva en el país más de USD 1.300 millones al año, según un estudio de la Defensoría del Pueblo. Esto significa una ganancia de S/ 28.875 anuales por cada una de las víctimas de esta ilícita actividad.

Lamentablemente, esta cifra contrasta notoriamente con los 12 céntimos por persona que invierte el Estado para prevenir y perseguir el delito, así como para proteger a los afectados y afectadas.

Villón lucha desde hace 25 años por los derechos humanos de sus compañeras de comunidad. La experiencia ganada a lo largo de todo este tiempo la ha convertido en una voz autorizada para opinar al respecto de cómo el gobierno de Dina Boluarte, la primera presidenta del Perú, se ha desempeñado en relación con la trata de personas, la explotación sexual y la guerra que existe entre las mafias del sexo.

En primer lugar, resaltó que el estado de emergencia impuesto en varios distritos de Lima Metropolitana, en especial en Lince, en donde hay entre 250 a 300 trabajadoras sexuales, ha servido para frenar el avance de las organizaciones criminales, además de generar tranquilidad entre las trabajadoras sexuales.

“Yo les preguntaba a las chicas de Lince que cómo estaban con el tema del estado de emergencia y algunas chicas me referían que se sentían más seguras porque la mafia no estaba presente. Como si los hubieran inmovilizado. Ahora, ellos (miembros de las mafias) no pueden llevar sus chicas a otros lados porque son espacios ganados. Tienen que ser espacios que ellos tienen en otros conos. Ellos no pueden invadir espacios de otras mafias porque si no hay guerra”, acotó.

Pese a esa sensación de seguridad que se logró tener gracias al estado de excepción, esto no ha menguado las extorsiones que sufren o el cobro de cupo que tienen que hacer para poder laborar. Los montos que son exigidos a cada una de las trabajadoras oscilan entre los 300 o 500 soles semanales, a veces hasta S/ 100 diarios.

“Cualquiera quiere ir y cobrar cupos. Hasta el vecino de al frente sale y les cobra cupos. Todo el mundo lo quiere hacer. Es como que está de moda cobrar cupos. Y como andan con el miedo, ya una no sabe ni a quién pagarle”, lamentó.

Desde el 2018, no solo el Tren de Aragua controla varios distritos del Perú en materia de proxenetismo, sino que también están Los Gallegos, Los del Oriente, La Dinastía Alayón, Los Gota a Gota, Los Hijos de Dios, Los Mellizos, entre otros.

Sin embargo, Ángela Villón precisó que todas estas organizaciones criminales trabajan con total impunidad debido a que tienen a agentes de la Policía Nacional dentro de sus nóminas.

“No ha habido una importancia por parte del gobierno, no está trabajando como deberían. También veo que hay una policía dividida, entre corruptos y los que no lo son, y justo los que no lo son salen perdiendo. Ese es el motivo por el cual no se están haciendo las cosas como se debería y es porque hay una cuestión acá de pago de favores”, agregó.

Para cambiar el desolador panorama que provocan las mafias del sexo enquistadas en el Perú, la presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska, Vida y Dignidad resaltó que, en principio, se debe reconocer que el trabajo sexual es una realidad.

Manifestó que, las leyes como están dadas, con respecto a la trata de personas, rufianismo, proxenetismo, entre otras prácticas delictivas, están mal hechas y favorecen a las mafias, por lo que se tendrían que volver a redactar pensando en las trabajadoras sexuales.

“El Estado lo que tiene que hacer en estos momentos. Es reconocer el trabajo sexual, debido a que no es ilícito, pero tampoco lícito. En realidad, es como que estamos en el limbo. Mientras no sea reconocido el trabajo sexual. Nos van a seguir condenando a tener como que una especie de mercado negro. En el cual nosotros nos ponemos en riesgo, vulnerabilidad. Donde las mafias hacen su agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, la hacen linda. Los mafiosos hacen lo que les da la gana, al igual que la policía y los operadores de justicia”, aseveró.