Alberto Fujimori: ¿cuáles son los riesgos para el Perú de desconocer la sentencia de la Corte IDH?

Este martes 5 de diciembre, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Ello, desacatando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual exige no aplicar el indulto que otorgó el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2018.

Dicha decisión trae consigo distintas consecuencias, advierte Marianella Ledesma, expresidenta del TC, y el penalista Walter Palomino, docente de la Universidad Científica del Sur.

“El país soberanamente decidió suscribir las normas del convenio y someterse al fuero de los jueces de la corte cuando estén en discusión temas de derechos humanos. Por lo tanto, el incumplimiento de las sentencias siempre genera un efecto. En este caso, de que en el Perú las sentencias nacionales e internacionales se cumplen en la medida en que le dé la gana a los jueces”, cuestionó en diálogo con Infobae Perú.

En ese sentido, explicó que la sentencia de la instancia internacional ordena al estado peruano, “no solo al Tribunal Constitucional”, por lo que “le corresponderá al Ministerio de Justicia determinar si va a acatar la sentencia del TC o de la corte IDH, que ha dicho que se abstenga”.

No obstante, para la exfuncionaria, el movimiento alrededor de la liberación de Alberto Fujimori no es más que “un distractor político para bajar la intensidad sobre los temas de corrupción vinculados al Congreso de la República y la fiscal de la Nación”.

“Me conmueve que en nuestro país solo se tenga ojos para pensar en el condenado Fujimori y no en las 31 víctimas por el cual Fujimori ha sido condenado. Nadie habla de las víctimas; son invisibilizados, doblemente afectado”, agregó.

Insistió en que el desacato a la Corte IDH nos pone en la misma situación de Venezuela y Nicaragua. “Más allá de la sanción de la OEA, se atenta contra la seguridad jurídica en el país, la cual es un atributo muy fuerte que debe mostrar un Estado al mundo”, mencionó.

“Deja mucho que decir por parte del Tribunal Constitucional, pone en cuestionamiento su institucionalidad y legitimidad”, agregó. Asimismo, mencionó que si bien una de las vías es que se destituya a los miembros que desconocieron a la instancia internacional, recordó que “quienes deben hacerlo son los congresistas de la República, los mismos que los han nombrado”.

Palomino agrega que, ante del desacato, la Corte IDH podría emitir otra resolución en primera instancia; además de elevar la consulta a la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que evalúe la situación y exhorte al Estado a cumplir con la medida.

“Nosotros hemos decidido adherirnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en esa medida, lo que demarca sus decisiones”, explicó.

Adelantó que, aunque es poco probable, se podría excluir al país de los organismos internacionales. Sin embargo, lo más seguro es que “el Acuerdo Interamericano de Hechos Humanos, al darse cuenta a través de la comunicación de los abogados de las víctimas, se nos adelante a todos y emita una resolución ordenando que no se ejecute la liberación del expresidente Alberto Fujimori”.

La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) anunció que presentará una denuncia constitucional contra Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco y Gustavo Gutierrez Ticse, miembros del Tribunal Constitucional (TC) que ordenaron la libertad para el expresidente Alberto Fujimori.

“Es una decisión que se aleja de las recomendaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá hay una mayoría congresal que no le interesa ni siquiera lo que dice la Corte Interamericana”, sostuvo ante los medios de comunicación.