Presos del penal Sarita Colonia del Callao tenían cuenta bancaria para cobrar extorsiones

Miembros del Ministerio Público y agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), realizaron un operativo dentro del penal Sarita Colonia, ubicado en el Callao. Desde allí le dieron un golpe a la criminalidad al desbaratar varias bandas criminales dedicadas a la extorsión.

Según Dirincri, un gran porcentaje de las llamadas extorsivas que atemorizan a los ciudadanos del territorio nacional salen desde los centros penitenciarios del país. Este es el motivo por el que 60 miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), junto a 46 agentes de la Fiscalía, requisaron las celdas y espacios comunes de la referida prisión.

Así, no solo hallaron celulares, desde donde contactarían a sus víctimas, sino también varias agendas con cientos de nombres, números telefónicos y cuentas bancarias. Las autoridades tienen la teoría de que allí serían depositadas las remesas del dinero obtenido.

“Nos ha llamado la atención la cantidad de números telefónicos que tenían apuntados en sus agendas estos presos”, dijo otro vocero del Ministerio Público.

La mayoría de estos objetos se encontraban ocultos entre las paredes, enterrados en el suelo de los pabellones o bien metidos dentro de los colchones de las celdas. “Hemos encontrado teléfonos desde los que se podían originar miles de llamadas al día, mensajes de texto con links para clonar datos y redes sociales”, dijo otro de los agentes penitenciarios.

Cabe destacar que más del 70% de casos de extorsión se concentra en Lima, La Libertad y Piura, según alertó hace unos meses la Policía Nacional. En cuanto a la capital de Lima, la PNP precisó que los distritos de Comas, Carabayllo, San Martín de Porres, Puente Piedra, Independencia, Ate, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y el Callao son las áreas donde se concentran la mayoría de los casos de extorsión.

Hace unos días, el Ejecutivo decretó nuevas medidas para frenar la ola de extorsiones en el Perú. En sesión de Consejos de Ministros, desarrollada en el Palacio de Gobierno el último lunes 27 de noviembre, se puso en la mira a los teléfonos celulares que hayan sido utilizados para realizar extorsiones.

A través de un decreto legislativo, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte aprobó la posibilidad de requerir la baja de los números telefónicos, que están involucrados en llamadas o mensajes extorsivos, a las empresas operadoras.

Para conseguirlo, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), el Poder Judicial o el Ministerio Público deben actuar de oficio o solicitar el cese del servicio.

Cabe precisar que este actuar solo procederá si es que se advierte que dichas líneas telefónicas han sido utilizadas para promover, facilitar o consumar el referido delito que ocurre con más frecuencia en Lima, Piura y La Libertad.

El decreto legislativo también señala que los operadores telefónicos podrían tener responsabilidades legales en relación a la identificación y registro de los abonados, así como por el personal que interviene en la contratación de sus servicios.

“La identidad de los titulares de las contrataciones de nuevos números telefónicos se validará ahora previa verificación de la información biométrica con la que cuentan el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Dirección Nacional de Migraciones”, se lee en el portal de la PCM.