La congresista Magaly Ruiz, acusada de presuntamente recortar salarios a personal de su despacho, presentó el pasado 1 de noviembre un proyecto de ley que busca evitar que las personas sentenciadas por el delito de terrorismo formen parte de la planilla de los partidos políticos.
Según la iniciativa N° 6299/2023-CR, la integrante de la bancada de Alianza para el Progreso pretende modificar los artículos 8 y 18 de la Ley de Organizaciones Políticas. El primero está relacionado con los comités partidarios y propone que sea el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como la entidad que fiscalice el número de afiliados y la composición.
Mientras que en lo segundo, respecto a la afiliación, Ruiz establece que “quedan exceptuadas las personas que han sido condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito de narcotráfico, terrorismo y apología al terrorismo”.
“Es el Jurado Nacional de Elecciones en su condición de organismo responsable de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, de la realización de los procesos electorales y otras funciones análogas a su competencia; quien asume la responsabilidad de fiscalizar el número de afiliados y la composición del número de comités partidarios”, añade el documento.
La parlamentaria de APP incluye una disposición transitoria en el que se enfatiza que “los partidos políticos son los responsables de garantizar el cumplimiento de los requisitos de afiliación de sus militantes”.
Además, las agrupaciones tendrán la posibilidad de acceder “de manera gratuita y oportuna a los registros que provean de información respecto a los antecedentes penales, judiciales y policiales, entre otros, que permita cumplir los estándares mínimos de cada uno de sus estatutos”.
La propuesta de Ruiz lleva las firmas de respaldo de sus colegas Eduardo Salhuana, Roberto Chiabra, Cheryl Trigozo y María Acuña.
Militante infiltrado
Curiosamente, la legisladora saca este proyecto en medio del escándalo que se desató con el terrorista, Juan Santos Romero, fundador de la organización ‘Voluntad Transformadora’, quien estaba en el padrón de afiliados de APP tal como Infobae Perú descubrió.
Según el portal Infogob, esta persona es militante activo de la agrupación fundada por César Acuña, gobernador regional de La Libertad, desde el 9 de octubre del 2017. Antes ya lo había intentado en cuatro ocasiones desde el 2009.
Santos no registra que haya postulado a algún cargo público por las filas de APP. Aunque llama poderosamente la atención que un terrorista que purgó 12 años de prisión por aniquilar a cinco personas esté en el partido de Acuña, quien es contrario a las ideas genocidas que Sendero Luminoso sembró en las décadas de los 80′ y 90′ que dejó miles de muertos y pérdidas millonarias al Estado peruano.
Por otro lado, Santos también se desempeñó como serenazgo de la Municipalidad de Trujillo cuando César Acuña era el alcalde.
Prisión preventiva
Precisamente, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial que se dicte 18 meses de prisión preventiva contra Santos y los demás integrantes de ‘Voluntad Transformadora’, quienes adoctrinaban con ideas de Sendero a niños en la región La Libertad, por el presunto delito de afiliación a una organización terrorista.
La audiencia fue instalada este viernes 3 de noviembre. No obstante, se reprogramó para el lunes 6 de noviembre a las 2:30 pm. El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolverá el requerimiento del Segundo Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos de Lima.
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