El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) observó el pedido presentado por el partido Alianza para el Progreso (APP) para expulsar a Juan Santos Romero, quien fue detenido por la Policía Nacional del Perú tras revelarse que lideraba a un clan familiar que adoctrinaba con ideas de Sendero Luminoso a niños en Trujillo, de sus filas.
En la resolución de la entidad electoral se detalla una lista de puntos que la agrupación fundada por César Acuña, gobernador regional de La Libertad, tendrá que resolver en un plazo de dos días hábiles. Se anota que el pedido no fue remitido por el personero legal de APP ante la dirección nacional del Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
Además, se agrega que el partido de Acuña debe alcanzar los documentos que acrediten el proceso de exclusión de Santos tras conocerse sus nexos con el terrorismo y el cumplimiento de las sanciones impuestas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Finalmente, otras misivas que deberán adjuntarse será el formato mediante el cual acepta ser notificado vía electrónica y el comprobante de pago original por derecho de trámite, equivalente a S/. 245.90, ante el Banco de la Nación.
Un militante escondido
El escándalo que salpica a Alianza para el Progreso se da a raíz de la revelación de la militancia de Juan Santos Romero, quien fue detenido junto a miembros de la organización ‘Voluntad Transformadora’ por agentes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP el 23 de octubre pasado.
Inicialmente, se conoció que Santos estuvo dos veces en la cárcel por terrorismo, pues fue mando logístico de Sendero Luminoso y tenía el alias ‘JJ’. Además, hablaba en sus charlas que el ‘Pensamiento Gonzalo’ era algo bueno y necesario para el país. También era un abanderado de la instalación de una Asamblea Constituyente, el derrocamiento del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y crítico del encarcelamiento de la terrorista Elena Iparraguirre.
Sin embargo, Infobae Perú detectó que Santos estaba como militante de APP desde el 9 de octubre del 2017. En su ficha se observa que en cuatro oportunidades se le inscribió desde el 2009.
Santos no registra que haya postulado a algún cargo público con las filas de APP. Pero sí trabajó como personal de serenazgo en la Municipalidad de Trujillo cuando Acuña era alcalde.
Las excusas de Acuña
Ante el escándalo, César Acuña tuvo que dar la cara ante las preguntas de la prensa en La Libertad. “No tenía conocimiento que era militante de APP. Recuerda que son 300 mil militantes y no sabemos quién se inscribe al partido, porque jamás íbamos a inscribir a un terrorista, sería ilógico”, señaló.
“No, no puedes filtrar a 300 mil personas, lo que pasa que es el partido de Acuña. Nadie que va inscribirse le pide sus antecedentes penales, ningún partido lo hace”, agregó.
Más Noticias
Pablo Bengoechea no es ajeno a la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Le ha tocado hacer grandes cosas”
El ‘Profesor’ ofreció una valoración acerca del tema que implica la continuidad del ‘Pirata’ en La Victoria. “Me imagino que de común acuerdo van a decidir”, manifestó
Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima este lunes 24 de noviembre
El precio de la gasolina y el diésel cambia todos los días en la capital peruana
CAL alerta grave amenaza judicial tras denuncia de la JNJ contra juez Torres Tasso por el caso Delia Espinoza
El Colegio de Abogados de Lima advierte que la ofensiva penal de la Junta Nacional de Justicia constituye un amedrentamiento al Poder Judicial y vulnera la separación de poderes en medio del caso Delia Espinoza
Ministros sustentaron ante el Congreso pedido de facultades legislativas
El primer ministro Ernesto Álvarez y 14 ministros sustentaron un paquete que introduce nuevas figuras penales, reformas penitenciarias y cambios migratorios. Propuesta genera alerta en la prensa por posible afectación a investigaciones periodísticas
Delia Espinoza afronta nueva denuncia por presuntas faltas disciplinarias: la acusan de abuso de poder, falta de idoneidad e incapacidad moral
El recurso presentado ante la Junta Nacional de Justicia busca determinar si la suspendida fiscal suprema incurrió en infracciones éticas y legales durante su gestión. Demandante solicita su destitución
