Un exintegrante de la Policía Nacional del Perú (PNP), que era buscado por el asesinato de 13 personas entre el 2012 y 2013, será extraditado desde España. Se trata del exsuboficial Luis Alberto Mío Morocho, quien habría sido parte del denominado ‘Escuadrón de la Muerte’, grupo que se gestó al interior de la PNP para realizar emboscadas y ejecuciones extrajudiciales de delincuentes a cambio de ascensos.
La medida fue dispuesta por los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En un comunicado señalaron que desestimaron un recurso planteado por la defensa legal de Mío Morocho que alegó que el pedido para ser entregado a las autoridades peruanas obedecía a temas estrictamente políticos.
El exagente de la PNP refirió que en su país se origen hubo un cambio de distintos presidentes del Gobierno salpicados por escándalos de diversa consideración en un corto tiempo. Este argumento no fue solido para los jueces españoles debido a que desde el 2012, año en el que Morocho cometió los presuntos crímenes, hasta el 2022, no se dio ningún abuso de poder en su contra.
Además, el fallo detalla que el argumento planteado por Morocho suele estar relacionado siempre cuando existe un enfrentamiento entre la ideología política del reclamado y el partido que gobierna. En esa línea, enfatizaron que “se desconocen las ideas del citado y su vinculación o no con uno u otro de los diversos gobiernos de su país”.
Los magistrados también desestimaron otro argumento del expolicía peruano que indicó que sufrió tres atentados debido a que no aportó pruebas fehacientes. Adicionalmente, tampoco presentó la documentación que acreditará que había solicitado asilo para quedarse en España.
En el pronunciamiento de la Audiencia Nacional se detalla tres presuntos crímenes que habrían contado con la participación de Morocho. Uno se habría dado en junio del 2012 cuando junto a un grupo de agentes de la PNP asesinaron a tres hombres en el distrito de Ate Vitarte. El segundo ocurrió en noviembre del mismo año al ejecutar a cuatro personas que presuntamente transportaban droga en Puente Piedra. Y el ultimo, en diciembre del 2023, cuando dieron de baja a seis personas en un falso secuestro en la ciudad de Chiclayo.
“Lograr el otorgamiento de ascenso excepcional por acción distinguida, generar un falso prestigio dentro de la Policía Nacional de Perú por la realización de operativos simulados como exitosos atrayendo la atención de los medios de comunicación y el aprovechamiento económico de los gastos de inteligencia generado por cada operación”, fue un argumento planteado por la Fiscalía española que también fue considerada por los jueces.
“Se encargaba de la selección del lugar donde se ejecutarían los operativos policiales simulados y de implementar la estrategia diseñada por los líderes de la organización”, se mencionó sobre el papel de Morocho dentro del ‘Escuadrón de la Muerte’. Agregaron que realizaba esta labor “cuando integraba la Dirección General del Ministerio del Interior realizando una labor de inteligencia”.
En el 2019 se expidió una orden de captura internacional contra Morocho que se fugó ante su inminente captura. Recién el 29 de setiembre del 2022 es que, tras un trabajo conjunto entre la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía española junto a la Interpol, se logró dar con su ubicación en la provincia de Guadalajara. El exagente policial se escondió en esta ciudad junto a su familia.
¿Quiénes conformaban el ‘Escuadrón de la Muerte?
Durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala, se creó en Piura en el 2012 y quién más “actos valerosos” capitalizó, seis en total, fue el comandante Raúl Enrique Prado Ravines. El pasado marzo fue sentenciado a 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado junto a Carlos Llanto Ponce y Williams Castaño Martínez, entre otros integrantes de la Policía Nacional del Perú.
El ‘Escuadrón de la Muerte’ estaba integrado por 14 oficiales del primer núcleo y otros 40 con menor responsabilidad. Ellos lanzaron un total de nueve operativos en el Perú: cinco en Lima, dos en Chincha, uno en Piura y uno en Chiclayo. En este tiempo de “trabajo” cobraron al vida de cerca de treinta personas, entre ciudadanos y policías.
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