El pleno del Congreso rechazó este miércoles aprobar el informe final elaborado por la Comisión de Ética, que recomendaba suspender y dejar sin haberes por 60 días al congresista Luis Cordero Jon Tay, separado de Fuerza Popular y denunciado por violencia machista en 2014.
El blindaje fue respaldado por 39 votos, de modo que el proceso —iniciado por el grupo parlamentario en 2022— fue enviado al archivo. Otros 31 legisladores se abstuvieron a emitir su decisión.
“Tal es el punto del miedo que les tengo que yo me fui de la ciudad de Lima a vivir a provincias. Uno, por las constantes amenazas que recibía de ellos, de la familia del señor Luis Gustavo [y] su hermana”, dijo entonces.
La sobreviviente ratificó su versión posteriormente en un informe difundido por Al Estilo Juliana en junio de este año, tres meses después de que el pleno aprobara una cuestión previa para que el caso retorne a la Comisión de Ética. Desde entonces, ya se preveía un blindaje.
“Cuando empezamos a convivir, los maltratos físicos eran peor. Me encerraba en la casa y me molía a patadas, a puñetes, muchas veces tenía que justificarme que me accidenté, que me caí, la típica”, aseguró.
Ambos reportajes fueron claves durante el proceso indagatorio desarrollado en Ética, la comisión que preside Diego Bazán (Avanza País). En esta jornada, al conocer la votación, el denunciado legislador, integrado a las filas de la bancada Unidad y Diálogo, se dejó ver con las manos juntas y asintió con la cabeza. Solo se salvó por un voto.
“En una decisión temeraria, irresponsable y vergonzosa, el Congreso deja impune el caso Cordero vinculado a intimidación a una mujer. He presentado una reconsideración, pido reflexión a mis colegas parlamentarios y votar sin cálculo político”, anotó Bazán en su cuenta de X, antes Twitter.
Flor Pablo, quien votó a favor de la suspensión, consideró, por su parte, que fue una resolución “insultante” en un país donde se han reportado, a la fecha, 100.000 casos de violencia familiar y 110 feminicidios. “Pero eso no importa a una mayoría de congresistas. Sus intereses y alianzas por la impunidad son lo primero”, cuestionó.
En contraparte, Juan Burgos (Unidad y Diálogo Parlamentario) planteó que Cordero Jon Tay solo reciba una amonestación pública porque no hay elementos para la sanción. “Ese informe no ha tomado en cuenta los argumentos legales que ha presentado el señor. Por tanto, hacer un informe incompleto no tiene la seriedad del caso”, estimó.
De igual modo, fue filmado en un evento en Panamá mientras compraba equipos electrónicos de espionaje para obtener información de llamadas y correos. Estaba en compañía de un exoficial de Inteligencia naval, así como empresario de seguridad, Carlos Barba.
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