Buscan incrementar el control político. El congresista Óscar Zea (Bloque Magisterial) presentó un proyecto titulado ‘Ley que incorpora causales de vacancia de autoridades de elección popular a nivel regional y local para fortalecer la labor de fiscalización del Congreso de la República y la Contraloría General de la República’, el cual generó el rechazo de la mayoría de regidores, gobernadores regionales, vicegobernadores y consejeros.
La iniciativa, que se encuentra en dos comisiones: Constitución y Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, plantea modificar el artículo 22 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo 30 de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, a fin de incorporar una nueva causal de vacancia.
De esta manera, el alcalde o regidor podrá ser vacado por el concejo municipal y el Congreso de la República en casos de muerte, inconcurrencia injustificada a la segunda citación de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo y la negativa a implementar las recomendaciones contenidas en los informes de la Contraloría General de la República o de la Auditoría Interna.
“Hoy en día, es común que las autoridades se encuentren comprendidas en diversas investigaciones a lo largo de su mandato. Hemos visto sucederse una serie de problemas de gobernabilidad en los gobiernos regionales y locales, incluyendo una alta incidencia de conflictos sociales, conflictos al interior de los propios gobiernos subnacionales, la sobreutilización del mecanismo de revocatoria (cuando este daba lugar a nuevas elecciones) con la consecuente parálisis de gestión, así como la proliferación de denuncias de corrupción contra autoridades”, menciona el proyecto.
“Esta elevada percepción de corrupción es muy grave, pues contribuye a deslegitimar aún más a nuestra golpeada clase política. […] La percepción de corrupción puede generar igualmente conflictos sociales. La población sospecha de sus gobernantes y denuncia que los espacios de participación existentes, como el presupuesto participativo y el Consejo de Coordinación, no funcionan adecuadamente, y entonces recurren a la protesta, e incluso a la fuerza, para exigir una solución a sus demandas. Por ello, es imperativo plantear medidas que contribuyan a evitar que estas denuncias se sigan multiplicando”, justifica la iniciativa.
En ese sentido, mencionó que el problema que la vacancia sea declarada solo por los consejos municipales y regionales “radica en que en el Perú dichos órganos siempre cuenta con la mayoría absoluta del alcalde o gobernador regional, y son estos quienes definen a través de sus votaciones la suspensión y/o vacancia como sanción política, convirtiéndose en un factor de desestabilización, ya que las máximas autoridades y su respectivo consejo pueden actuar de forma abusiva con la minoría de oposición”.
¿Qué opinan las autoridades?
Consultados por La República, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, criticó que estén derivando su atención a ejercer más poder, en lugar de preocuparse por la población. “No están entendiendo cuál es la necesidad del país ni entienden que su función es legislar para solucionar los problemas de los gobiernos locales y regionales”, declaró.
Por su parte, el burgomaestre de Cusco, Luis Pantoja, sostuvo que “Este Congreso no tiene autoridad moral para tomar ese tipo de decisiones”. “Un Parlamento totalmente desacreditado, devaluado y desprestigiado no está a la altura de las autoridades locales. El alcalde del Cusco se pasea en su ciudad y es saludado por la población; yo pregunto si ese mismo prestigio tienen los congresistas”, agregó.
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