Si Alejandro Sánchez, empresario y el dueño de la casa de Sarratea, termina siendo expulsado por las autoridades de Estados Unidos por tratar de ingresar de manera ilegal por la frontera con México, entonces solo quedarían dos excolaboradores del detenido expresidente Pedro Castillo que seguirían prófugos de la justicia: Juan Silva y Fray Vásquez.
Silva Villegas se encuentra no habido desde el 7 junio del 2022. El exministro de Transportes decidió acogerse a la clandestinidad luego de conocerse que el Poder Judicial dispuso 36 meses de prisión preventiva e impedimento de salida del país por estar involucrado en las presuntas irregularidades que se dieron en la licitación del Puente Tarata.
Por este caso es que al exfuncionario del Ejecutivo se le imputa desde la Fiscalía de la Nación de haber cometido los presuntos delitos de colusión y organización criminal en agravio del Estado peruano. El Ministerio del Interior (Mininter) lo ha incluido en su Programa de Recompensas, donde ofrecen S/ 50 mil a la persona que ofrezca detalles sobre su paradero para su ubicación y captura correspondiente.
La última vez que Silva apareció fue en la popular plataforma de videos TikTok, donde reiteró que no está involucrado en actos de corrupción. “Mi designación como ministro obedece al artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y no obedece a ningún favor político. Repito, no obedece a ningún favor político”, indicó.
Además, el extitular del MTC reveló que apenas se enteró de las irregularidades en el proceso del Puente Tarata, entonces lo comunicó a la Contraloría General de la República.
“[Sobre] el delito de colusión [del cual se me acusa], en aplicación al artículo 407 sobre la omisión o no omisión de información relevante, en este caso de la licitación, mi despacho de inmediato ponen conocimiento a la Contraloría General de la República [...] y brida la facilidades del caso a la Fiscal de la Nación para poder hacer la investigación correspondiente”, añadió.
Silva respondió también que no conocía a los integrantes del comité de selección que entregó la buena pro del Puente Tarata. “Nunca he visitado la entidad de Provías Descentralizado, no he tenido ninguna comunicación con ellos”, aseveró.
Lo cierto es que recientemente el Juzgado Supremo de Investigación indicó que la Organización Internacional de la Policía Criminal (OIPC Interpol) tiene vigente hasta esa fecha la notificación roja contra el exfuncionario.
“La alerta roja ha sido actualizada y se encuentra vigente hasta junio de 2027 o hasta que la autoridad judicial disponga lo contrario”, se lee en el documento firmado por Juan Carlos Checkley, juez supremo de investigación preparatoria.
El sobrino
Por otro lado, Fray Vásquez también desapareció del rastro de las autoridades en marzo del 2022. Sobre el sobrino del expresidente Castillo pesa una orden de 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito por los presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal en el marco del caso Puente Tarata. El Ministerio del Interior ha establecido una recompensa de 30 mil soles.
La última aparición pública de Vásquez se dio a través de un reportaje en el programa Cuarto Poder, donde informó que viene coordinando con las autoridades competentes la posibilidad de entregarse a la justicia para declarar.
“Yo estoy dispuesto a dar mis declaraciones ante la fiscalía, pero solamente le he pedido pues que se respete el debido proceso. Hay mucho qué decir, hay mucho que explicar, obviamente”, indicó al dominical.
“He pedido a la fiscalía, en los últimos acercamientos que ya hemos tenido, igual también he pedido al equipo especial de la Policía Nacional, que seguimos coordinando para ver un posible entendimiento y ponernos a derecho, principalmente, para decir las cosas como ha sido”, acotó.
El familiar de Pedro Castillo negó integrar el brazo operativo de la red que -según la tesis fiscal- habría liderado su tío. “No hay hasta el momento una prueba contundente que me vincule a dichos dichos”, finalizó.
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