El Poder Judicial dictó este lunes 20 meses de prisión preventiva contra Francisco Jara, exasesor del congresista Guillermo Bermejo, y otros dos implicados en el caso ‘Los Operadores de la Reconstrucción’. Sin embargo, para Robert López, exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), y los exfuncionarios Máximo Palacios y Joseph Lombardi —también imputados por organización criminal, colusión agravada y lavado de activos— ordenó 36 meses de impedimento de salida del país y reglas de conducta.
Según la hipótesis del Ministerio Público, ‘Los operadores’ cobraron dinero para la ejecución de algunas obras que corresponden a la ARCC durante la gestión del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), recluido por cargos de rebelión y corrupción.
Los seis investigados fueron trasladados desde la sede policial de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) hasta la sede judicial para escuchar la decisión después de cuatro audiencias, que comenzaron en agosto pasado.
El fiscal Jorge García, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, dispuso que esta investigación preparatoria se desarrolle en un plazo de 36 meses al ser declarada de naturaleza “compleja”, aunque su petitorio fue acogido en parte. En la pesquisa también está incluido Bermejo, sindicado como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado.
Según un colaborador eficaz, Jara y otro asesor del diputado ―Yul Valdivia― solicitaron una coima del 2% de cada obra elaborada por la ARCC, un porcentaje que se habría repartido en 1.5 % para Bermejo y 0.5 % para sus trabajadores.
Valdivia llegó incluso a la casa de Bermejo, en Surco, con un sobre manila que contenía 40 mil soles, un monto que correspondía a un porcentaje del pago prometido por burgomaestre para adquirir fondos públicos para obras en su municipio, de acuerdo con un informe de El Comercio.
El 4 de agosto del 2022, después de todo el entramado, un decreto supremo autorizó la transferencia de partidas para el año fiscal, donde la Municipalidad Distrital de la Unión fue beneficiada por S/ 14,881,504 soles.
La bancada de Bermejo anunció que el diputado había “decidido allanarse y someterse a todas las investigaciones”, pero demandó que prosigan “sin interferencias y con el respeto irrestricto del debido proceso”.
“Exhortamos a que el Ministerio Público cumpla su trabajo como titular de la acción penal y garantice la autonomía de las investigaciones en curso. Por ser un caso en desarrollo, nuestra bancada es respetuosa del principio de presunción de inocencia, por lo que rechazamos que anticipadamente busquen etiquetar al congresista como responsable de hechos que aún no han sido probados”, se lee en el pronunciamiento.
Sobre este caso, la Fiscalía señalaba que Bermejo se habría desplazado, entre 2008 y 2009, a varios campamentos terroristas del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) —la cuenca cocalera más grande del país, donde se esconden los remanentes del grupo armado— para sostener reuniones clandestinas bajo el pseudónimo de ‘camarada Che’.
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