
Alfonso Adrianzén, exministro de Trabajo (MTPE), se encuentra en el ojo de la tormenta. Luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, lo denunciara constitucionalmente por el presunto pago indebido de 41 millones de soles correspondientes a un laudo arbitral, realizado por el Seguro Social del Perú (Essalud) a la empresa Ainoia Technology Corporation SAC, el exfuncionario se pronunció por redes sociales.
A través de su cuenta oficial de Twitter, el exintegrante del gabinete ministerial de Alberto Otárola y Dina Boluarte, señaló que no fue notificado de la denuncia constitucional de forma oficial, pero que se allanará a lo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decida.
“He tomado conocimiento en redes sociales —y no por notificación oficial— de la denuncia constitucional que el Ministerio Público ha considerado interponerme por un presunto interés indebido en pagos realizados por Essalud a la empresa Aionia cumpliendo con un laudo arbitral”, indicó Adrianzén.

¿Qué dice la denuncia contra Adrianzén?
El documento fiscal donde se le imputa a Adrianzén ser presunto autor del delito contra la administración pública, en calidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, menciona que el exfuncionario tenía “pleno conocimiento y voluntad” sobre los ilícitos.
Dicho argumento se desprende de los testimonios de funcionarios de EsSalud, incluyendo su expresidente ejecutivo Arturo Orellana, conversaciones de WhatsApp y documentación que probaría el interés del exministro por acelerar el reclamo de Aionia, pese a que su adjudicación habría sido direccionada y sobrevalorada.
Al respecto, Orellana declaró ante el Ministerio Público que se reunió con el exministro, quien le manifestó “que el motivo de su presencia es tratar temas relacionados con EsSalud, atención a pacientes, y por último me entrega un fólder azul, refiriéndome que la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C. había presentado un escrito dirigido a su persona como titular de la cartera, y que a la empresa un funcionario de nombre Montoya le estaba requiriendo un pago para realizar un informe por un laudo arbitral”.

Ante la demora del pago, Adrianzén insistió en el tema y le dijo que “(el área de) finanzas les ha parado el trámite pidiendo informes a gerencia central de asesoría jurídica y gerencia central de operaciones, todo ello innecesario porque lo consultado consta ya con informes”. “Favor indaga y salgamos de esta incomodidad, abrazos”, agregó.
“Aquí deseo dejar constancia que no tengo conocimiento de cómo él obtuvo esa información a la que hace referencia, la naturaleza ni el contenido de/mensaje”, apuntó Orellana ante el Ministerio Público.

¿Qué dijo Alberto Otárola y cómo está implicado en el caso?
Al ser consultado, el premier Alberto Otárola marcó distancia de quién fue su ministro e indicó que “la posición del Gobierno es una sola en esta materia: que se conozca la verdad, nadie tiene corona”.
Como se recuerda, al ser consultada por El Comercio, la exasesora de la presidenta Dina Boluarte, Grika Asayag, señaló que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros estuvo al tanto del pago a la compañía. “(La llamada) es (entre) PCM, el ministro de Trabajo y el presidente de Essalud, eso es lo que dice el chat”, acotó.
No obstante, ello fue rechazado por la mano derecha de Dina Boluarte a través de su cuenta de Twitter. “Nunca existió la llamada tripartita ni mención alguna sobre el tema que refieren. La web del diario El Comercio consigna las declaraciones del señor (Aurelio) Orellana ratificando lo que digo. Esto debió hacer la señora que firma la nota para informar con la verdad”, indicó.
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