A fines del año pasado 26 campesinos fueron detenidos por la Policía y posteriormente investigados por el Ministerio Público por el presunto delito de terrorismo. Meses después, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo decidió archivar definitivamente las indagaciones preparatorias en contra de ellos.
“Los investigados no forman parte de una organización terrorista, no tenían como finalidad subvertir el Estado constitucional, no usaron explosivos o armamento para cometer el delito, no provocaron, crearon o mantuvieron en estado de zozobra, no se acredita fehacientemente que los investigados ocasionaron lesiones o cualquier vulneración a los bienes jurídicos protegidos; en ese sentido, la conducta desplegada por los investigados, no se adecúa, subsume o tipifica en el delito de terrorismo, máxme si se tiene en cuenta que el tipo penal requiere de la realización de un hecho concreto y su vinculación a organización terrorista, situación que no se advierte en los actuados; en ese sentido, la conducta resulta atípica”, precisa la disposición fiscal.
El último 17 de diciembre del 2022, la Fiscalía mencionada recibió la llamada del Coronel PNP Luis Augusto Juárez Rosas, señalando que estaban interviniendo el local de la Comunidad Campesina del Perú, ubicada en la Plaza Bolognesi, en el Cercado de Lima, durante el contexto del anuncio de la Primera Toma de Lima.
Según el documento fiscal, ese día tomaron conocimiento que se estaban reuniendo un grupo de personas “almacenando posible material para una protesta violenta”.
“Como Unidad Especializada decidieron intervenir el local (...) luego de ingresar encontraron un aproximado de 30 personas reunidas en un ambiente del local mencionado. Asimismo, se observó inicialmente que las personas portaban mochilas en cuyo interior tenían hondas, piedras y en otro ambiente se encontró cuatro machetes”, señalan.
Como se recuerda, este operativo fue ampliamente difundido por la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía, que señaló haber incautado machetes, hondas, clavos y pasamontañas. Lo llamativo del asunto fue que todas estas herramientas e implementos lucían completamente nuevos. Aún así, los manifestantes fueron tachados de “terroristas” y el discurso criminalizador fue ampliamente propalado durante varios meses por el propio gobierno y sectores conservadores de la sociedad peruana.
Ante el archivamiento de las investigaciones, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) manifestó que la intervención de la Dircote “fue completamente arbitraria y una medida de amedrentamiento a la ciudadanía movilizada, campesinos y pueblos indígenas”, que se manifestaban contra el gobierno de Dina Boluarte.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado al Perú poner fin al terruqueo que acrecienta la fractura social en el Perú y vulnera la dignidad de comunidades que enfrentaron el terrorismo”, precisó la organización.
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