Si bien el presidente Pedro Castillo, que impedía el ingreso de periodistas a la Sala de Prensa de Palacio de Gobierno, insultaba a los reporteros y no permitía entrevistas, ya se encuentra afrontando prisión preventiva por delitos de organización criminal, rebelión y conspiración, su sucesora Dina Boluarte continúa el legado con un ánimo hostil contra la prensa.
De acuerdo al Consejo de la Prensa Peruana (CPP), hoy el país está en su peor relación con los medios de comunicación desde el retorno de la democracia en el 2000. Solo entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, la situación de la libertad de expresión empeoró drásticamente: más de 170 periodistas fueron agredidos, hostigados, amenazados, golpeados y detenidos arbitrariamente durante las protestas a nivel nacional.
Aunque algunos de los agresores fueron los mismos manifestantes y vándalos infiltrados, la Policía Nacional del Perú es responsable del 60% de víctimas, precisó Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
“Ni siquiera hemos tenido responsabilidades políticas mínimas asumidas. Los titulares de las carteras del Interior o Defensa no han dado un paso al costado, sustituidos —o siquiera interpelados— por el Congreso de la República. […] En casi todos los casos hay algún vídeo que prueba la actuación de los efectivos policiales, o sea que es innegable, y para nosotros el hecho de que el Estado haya abandonado el deber que tiene de cautelar el trabajo periodístico es un signo gravísimo de abandono a sus compromisos internacionales”, acotó.
Rodrigo Salazar, director ejecutivo del CPP, también fue enfático al cuestionar y expresar su alarma sobre la postura del gobierno de Dina Boluarte: “Yo te puedo decir, con conocimiento de causa, que cuando le dije al mismo ministro del Interior, Vicente Romero, y a las cabezas de la Policía que estaban atacando periodistas, no lo reconocieron”.
“Nadie dice que una cobertura de movilizaciones sociales sea cubrir un acto cultural. Uno como periodista sabe que los riesgos se elevan, lo que no esperas es que enseñes tu credencial de prensa a un efectivo policial, pensando que te protege y te va a dar seguridad, y que más bien el policía te vea y te estampe contra la pared”, sostuvo la representante de la ANP.
Otra evidente prueba de la nula consideración por parte del vigente gobierno con los periodistas, fue cuando el Ministerio del Interior propuso un protocolo de actuación para atención a periodistas en el contexto de alteración al orden público.
El directo ejecutivo del CPP también se refirió al manejo al interior del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), organismo público autónomo, conformado por los medios de comunicación TV Perú y Radio Nacional del Perú, de propiedad del Estado.
Como se recuerda, a través de la resolución suprema N.º 008-2023-MC, publicada el 30 de mayo en el Diario Oficial El Peruano, la mandataria nombró a Ninoska Chandia, exdirectora de la Dirección de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional de la Presidencia de la República, como la nueva líder del IRTP.
“Siempre hubo esta especie de interés por aligerar las críticas al gobierno desde el canal del Estado, pero en el gobierno de Dina Boluarte es escandaloso. Poner a su relacionista pública como presidenta del IRTP es burdo. Eso te da a entender que lo que hay es un intento de censura, un intento de limitación de los contenidos”, expresó el director del CPP.
Las declaraciones de ambas autoridades se vieron reflejadas en los despidos de periodistas como Jorge Ballón y Ximena Carrasco, quienes denunciaron haber sido separados luego de criticar o cuestionar al gobierno de Dina Boluarte sobre protestas y demandas públicas.
No obstante, el primer caso que desató la polémica y advirtió de lo que podría pasar en el futuro fue el de Carlos Cornejo. Si bien él no estuvo durante la gestión de Chandía, desde entonces ya se seguía una línea de “proteger” al Ejecutivo, luego de la asunción de la vicepresidenta de Castillo.
“Cuando yo llegué a TV Perú, tuve plena libertad de trabajo. Es más, en la época de Pedro Castillo, cuando pidieron mi cabeza, el entonces presidente del directorio Joseph Dager, a quien conocí una vez que entro al lugar, decidió no obedecer las indicaciones de este tipo. Todo cambia una vez que entra Dina Boluarte al poder, quien puso a Jesús Solari, quien me deja caer al no gustarles un programa de opinión que pudiese discrepar abiertamente con lo que el gobierno estaba haciendo”, declaró.
Para Zuliana, más allá de trabajar en otras cuestiones que garanticen la actividad periodística, lo primero que hay que demandarle al gobierno es que las agresiones actuales no queden impunes; mientras que Rodrigo Salazar consideró que lo primero que Boluarte tendría que priorizar es el respeto a la línea editorial de Canal 7 y Radio Nacional. “Ninoska Chandía debe renunciar o ser retirada del cargo para poner en su reemplazo a un periodista de verdad”, precisó.
Por su parte, el periodista Carlos Cornejo demandaría a Dina Boluarte que renuncie y que asuma el presidente del Congreso para que convoque a elecciones lo antes posible, con el fin de que la tensión social y política disminuya, pero “siendo sinceros, no espero que esto pase, ya que este gobierno ha demostrado tener un estilo y forma autoritaria de actuar”.