El accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte ha sido cuestionado por la ciudadanía e instituciones internacionales que denunciaron presuntas violaciones de derechos humanos. Para el exministro del Interior, Carlos Basombrío, habrían sido las fuerzas del orden las que atravesaron una experiencia traumática en el desarrollo de las manifestaciones.
“Es muy difícil ahora pedirle a las Fuerzas Armadas o a la Policía que intervengan en determinadas situaciones cuando tienen la experiencia traumática reciente de que le van a decir al final que, si algo sale mal, es culpa solo de ustedes”, dijo en conversación con RPP Noticias. Este recalcó que la PNP tiene protocolos bien definidos para todo tipo de casos, incluso cuando se han utilizar armas de fuego. “Eso es internacional”, agregó.
Sobre la responsabilidad de los ministros en el desarrollo de las protestas, indicó que estos tienen un mando dentro de la institución en el sentido que tienen la capacidad de monitorear acciones y estar enterados de las acciones a llevar a cabo. “Hay una responsabilidad que uno tiene que asumir. No puede señalar el ministro de Defensa o del Interior que no tiene que tener ningún conocimiento de lo que se haga en el terreno”, indicó.
Para Basombrío se tiene una visión equivocada sobre el accionar de los ministros, sobre todo del premier “donde dicen que ellos prácticamente son observadores. Dicen que hay que restablecer el orden público y los profesionales del tema se encargan y punto, y si hacen cosas mal hechas, allá ellos”. Este reconoció que lo ocurrido desde finales del año pasado son de una gravedad inmensa y de un repercusiones políticas aún mayores.
Graves violaciones
En el informe titulado “Situación de los Derechos Humanos en Perú durante las protestas sociales”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que durante las manifestaciones, que se llevaron a cabo con el propósito de solicitar una nueva Constitución y la destitución de los congresistas y la presidenta Dina Boluarte, se registraron lamentablemente 56 fallecimientos y 912 personas resultaron heridas.
Estos ataques ocurrieron en el marco de 477 protestas que se realizaron entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, según información recabada por la Defensoría del Pueblo, que la CIDH consideró para su estudio.También se contabilizaron 323 movilizaciones, 80 paralizaciones, 68 concentraciones y plantones, 6 vigilias, 45 marchas por la paz y al menos 68 hechos violentos.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que, hasta la fecha, las protestas en contra del gobierno de turno han dejado como saldo 60 fallecidos entre civiles y miembros de las fuerzas del orden. Fueron 49 civiles los que murieron durante las protestas y otros once en hechos vinculados al bloqueo de vías. Un policía falleció en la ciudad de Puno mientras que seis militares perdieron la vida en el contexto del conflicto.
Además de los actos violentos perpetuados por los miembros de las fuerzas del orden, la CIDH asegura que existieron varios manifestantes que incumplieron normas y atentaron contra la propiedad privada y pública. Como se recuerda, diversas comisarías y oficinas del Ministerio Público fueron quemadas por vándalos. Asimismo, asegura qie entre los hecho que motivaron las manifestaciones fue el quiebre del orden constitucional perpetuado por el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre del 2022.
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