La Sala Permanente de la Corte Suprema rechazó un recurso de casación que el exministro de Transportes, Juan Silva Villegas, presentó para anular los 36 meses de prisión preventiva que se le había dictado en su contra por el caso Puente Tarata.
La decisión del Poder Judicial sostuvo que “no procede interponer recurso alguno” sobre dicha resolución. Además, también se desestimó que se anulen las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional contra el excolaborador del expresidente Pedro Castillo.
De esta manera, Silva Villegas sufre un nuevo revés cuando está a punto de cumplir un año como prófugo de la justicia que lo busca para que sea procesado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión que habría cometido durante su paso por la cartera de Transportes y Comunicaciones.
Según la tesis fiscal, el exministro habría recibido una supuesta coima de parte de una de las empresas que participaban en el Consorcio Puente Tarata III para que sea beneficiada.
Además, Silva Villegas también sido un operador en el MTC para beneficiar a empresas chinas con licitaciones dentro del sector en alianza con los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores, Darwin Espinoza, Ilich López y Juan Carlos Mori (Acción Popular), quienes son señalados como ‘Los Niños’.
El dominical Cuarto Poder informó el 12 de diciembre del 2022 que el exministro estaría ya instalado en Venezuela y recibiendo una mensualidad de 3 mil 500 dólares.
Según la periodista Dayana Cieza, el prófugo habría logrado huir del Perú saliendo ilegalmente por Bolivia para luego tomar un vuelo al país vecino, donde Nicolás Maduro lo esperó con una vivienda en un exclusivo barrio de dicho país.
La Policía Nacional del Perú (PNP) ofrece 50 mil soles para quien brinde la ubicación de Juan Silva para que sea capturado y responda ante la justicia.
Reaparición
La última vez que Juan Silva reapareció fue el 29 de abril. Con más canas a comparación de su última presentación en público, el extitular de Transportes y Comunicaciones reiteró que no cometió ningún acto de corrupción cuando formaba parte del régimen de Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por el fallido autogolpe de Estado y el caso Puente Tarata-Petroperú.
“No estoy inmerso en su equipo de trabajo de Palacio de Gobierno. Mi designación como ministro obedece al artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y no obedece a ningún favor político. Repito, no obedece a ningún favor político”, indicó.
Silva añadió que, apenas supo sobre las irregularidades en la licitación del Puente Tarata, comunicó a la Contraloría General de la República a fin de que se pueda anular todo el proceso en marcha.
“[Sobre] el delito de colusión [del cual se me acusa], en aplicación al artículo 407 sobre la omisión o no omisión de información relevante, en este caso de la licitación, mi despacho de inmediato ponen conocimiento a la Contraloría General de la República [...] y brida la facilidades del caso a la Fiscal de la Nación para poder hacer la investigación correspondiente”, dijo.
Finalmente, el exministro aseguró que no conocía a ninguno de los integrantes ni cambió a alguno del comité que otorgó la licitación del Puente Tarata. “Nunca he visitado la entidad de Provías Descentralizado, no he tenido ninguna comunicación con ellos”, manifestó.
Silva mencionó que se declaró nulo el oficio de contrato de licitación por estas presuntas irregularidades. El amigo del expresidente Castillo descartó que haya participado en alguna licitación estatal cuando se desempeñó como ministro de Estado.
“La responsabilidad del ministro y, en ese caso, mi responsabilidad como ministro de Transportes ha sido política. Responsabilidad política. No puedo tener responsabilidad funcional y administrativa porque para eso están los funcionarios”, señaló.
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