El Perú se ubica en el 38° lugar del país más contaminado en el mundo; sin embargo, en América Latina es uno de los primeros, según el informe World Air Quaility Report del 2022.
En tanto el informe ‘The Air Quality Life’ de la Universidad de Chicago (AQLI por sus siglas en inglés) señala que todos los habitantes de Lima pierden en promedio 2.2 años de vida solamente por contaminación vehicular.
Y de acuerdo a las cifras que el Ministerio del Ambiente (Minam), el 58% de la contaminación por material particulado (Conocido como PM 2.5) es generado por el parque automotor, principalmente producido por buses y camiones que cuentan con 15 o más años de antigüedad.
Luego de analizar estos reportes, Ellioth Tarazona, gerente técnico de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), indicó que ante dicho resultado la contaminación pone en riesgo miles de vidas en la capital del Perú.
Asimismo, el especialista advirtió que el mismo gobierno americano mediante la Agencia de Protección Ambiental ya ha enviado un reporte al Estado Peruano que indica que los altos niveles de contaminación por material PM 2.5 ocasiona más de 10 mil muertes al año solo en Lima y Callao a un costo de USD 12 mil 800 millones.
Por ello desde la AAP, indicó Tarazona, se ha venido impulsando el ‘Plan Nacional de Electromovilidad’ mismo que ya ha sido presentado con anterioridad al Gobierno con la finalidad de promover una movilidad eficiente para la actividad humana y sostenible con el ambiente.
Plan Nacional de Electromovilidad
Además, refirió que, en la propuesta de ‘Plan Nacional de Electromovilidad’, se plantea el desarrollo de este sector en tres ejes. “El primer eje consiste en establecer el marco regulatorio y tiene como finalidad aprobar el Plan Nacional de Electromovilidad, crear el Fondo Nacional de Electromovilidad, reglamentar la infraestructura de carga y abastecimiento, reglamentar las inspecciones técnicas vehiculares para los vehículos electrificados y reglamentar disposición de las baterías de los vehículos eléctricos”, anotó durante su presentación en el Congreso Transporte Sostenible 2023.
El segundo eje, dijo, es establecer los incentivos operativos, cuyo propósito es implementar los sistemas de carga pública para vehículos eléctricos, eliminar las restricciones a la circulación, implementar estacionamientos con cargadores en la vía pública y en centros comerciales, establecer una tarifa eléctrica diferenciada de carga residencial en un horario preferencial y promover sistemas electrificados de transporte público masivo de personas y mercancías.
Mientras que el tercer eje, indicó, es trabajar en los incentivos tributarios. “Como gremio proponemos la exoneración del Ad Valorem, del impuesto general a las ventas (IGV) y del impuesto al patrimonio vehicular por un plazo de seis años como mínimo, tal como ya se hace en otros países del mundo”, añadió tras anotar que “estas políticas tributarias van a permitir acercar los vehículos electrificados todos los peruanos, dado que su precio va a ser mucho menor”, refirió el gerente técnico de la AAP.
“Es importante que se apliquen beneficios tributarios tanto a vehículos eléctricos como a híbridos, pero de forma escalonada. Así, los vehículos a batería eléctrica deberían quedar exonerados del IGV por diez años; mientras que, en los híbridos enchufables, el IGV sería de 0% solo por cinco años para luego subirlo a 9% por otros cinco años más. En tanto, para los híbridos enchufables, debería establecerse un IGV de 9% en el primer quinquenio. Asimismo, se puede equiparar la cancha tarifaria entre un vehículo a combustión y los ecoamigables que, por las baterías de litio que utilizan llegan a costar un 35% a 40% más”, precisó el especialista.
Finalmente, el ejecutivo pidió el apoyo del Gobierno peruano para establecer políticas claras que permitan el desarrollo a la electromovilidad en el país y que los vehículos electrificados se acerquen a la población.
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