La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado un recuento de los ocurrido desde el día que Pedro Castillo dio un golpe de Estado hasta la visita de un grupo de trabajo al Perú. Este recopiló información acerca de la crisis política y social a partir de conversaciones con ciudadanos, ciudadanas y autoridades. Pero también ha presentado una extensa lista de recomendaciones.
Los 36 puntos que plantean caminos y tareas a asumir desde la población y representantes están enfocados a la apuesta del diálogo con el fin de superar la crisis, la lucha por la seguridad ciudadana, la reparación y atención de aquellos cuyos derechos humanos fueron violentados, la lucha contra la impunidad, la apuesta por la institucionalidad democrática tras el intento de golpe de Estado, la libertad de expresión, reunión y asociación y otras.
La primera recomendación insta a que se ponga en marcha una estrategia de diálogo genuino con enfoque étnico y territorial. Esto luego de que la CIDH recalcara que existe un fuerte y constante enfrentamiento entre la capital y resto de regiones que se visibilizó aún más durante las protestas sociales. Por ello, se pide la participación de pueblos indígenas y comunidades campesinas en los espacios de toma de decisiones.
Asimismo, se pide “diseñar una política pública con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos, que esté dirigida a la eliminación y prevención de la discriminación y estigmatización de personas con base en su origen étnico-racial o condición socioeconómica”. La misma deberá ser implementada en plan pedagógico y ser integrando a la política de educación permanente del país.
Sobre la seguridad ciudadana, la CIDH propone que se capacite y evalúe a las fuerzas de seguridad que intervienen en las protestas y adoptar medidas para que su actuar se ajuste a los principios de legalidad. Se espera que las armas de fuego queden excluidas de la lista de dispositivos utilizados para el control de las protestas y que las FF.AA. sean subordinadas de las autoridades civiles al participar en temas de seguridad.
Para la víctimas de violaciones de Derechos Humanos se espera que el Estado adopte medidas de reparación integral, así como la puesta en marcha de investigaciones, juzgamientos y sanciones a los responsables de los delitos cometidos. La atención médica a las víctimas también aparece entre las recomendaciones, así como una reparación con enfoque de pertinencia cultural, de género e interseccionalidad en derechos humanos.
Investigaciones futuras
El informe de la CIDH hace un repaso por cada uno de los episodios convulsos de los últimos meses y presenta una lista de fallecidos. Ante ello, pide que se prosiga con las investigaciones teniendo en cuenta que se puede solicitar asistencia técnica a la Comisión. Además, se busca incrementar los recursos del Ministerio Público para que pueda cumplir con las funciones ya iniciadas y que se encuentra en etapa de investigación.
Se espera que sean más las fiscalías especializadas en derechos humanos y se fortalezca el Instituto de Medicina de Legal y Ciencias Forenses “para dotarlo de recursos humanos, técnicos y científicos para el cabal desempeño de sus funciones en las distintas provincias del país y, especialmente, respecto de las investigaciones correspondientes a los hechos contenidos en el presente informe”.
Con relación a la institucionalidad democrática, se espera que se tomen medidas para reforzar y fortalecer la confianza de la población en el Estado y se eviten adoptar reformas que debiliten al Sistema Nacional Electoral o el Poder Judicial. Sobre la vacancia presidencial, se pide delimitar dicha figura a fin de que no se preste a malinterpretaciones al momento de fomentar una destitución.
Ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de intolerancia también aparece entre las recomendaciones así como el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, institución que hizo seguimiento a los hechos acontecidos desde la toma de mando de Dina boluarte. Además, se espera se impulse la participación de pueblos indígenas en la vida política.
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