La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha presentado un informe sobre la crisis política y social que vivió el Perú a finales del 2022 e inicios del 2023. Al respecto, cuestionó la actitud de las fuerzas del orden y de quienes habrían violado los derechos humanos de los manifestantes, pero, a su vez, condenó la actitud adoptada por quienes pedían la renuncia de Dina Boluarte y demás reclamos.
En la introducción del informe, se da cuenta de “hechos de violencia y vandalismo por fuera del derecho de protesta” como lo fueron el ataque a edificios públicos y medios de comunicación. Como se recuerda, diversas sedes del Poder Judicial y el Ministerio Público fueron quedamos y saqueados por quienes decían participar de las protestas en contra del gobierno que entró tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.
“Adicionalmente, se registraron bloqueos y tomas de infraestructura crítica, que, en determinados eventos, por su extensión en tiempo y escala, provocaron afectaciones en diferentes regiones del Perú, como escasez de alimentos, medicamentos y combustible e inclusive la muerte de personas”, señala la publicación hecha tras conversar con ciudadanos, ciudadanas y autoridades nacionales.
El texto recuerda que el se llegaron a detener a 244 personas por presuntos hechos de vandalismo y desmanes. Es así que 72 carpetas fiscales fueron abiertas para determinar la responsabilidad de quienes habrían atentado contra la propiedad pública. “De estas, 11 se encontraban en etapa de formalización de investigación preparatoria; 44 en investigación preliminar; 26 en sentencia por terminación anticipada”, indica la Comisión.
“En relación con las protestas registradas en enero de 2023, el Ministerio Público informó que, por las 21 personas fallecidas, se abrieron 2 carpetas fiscales, y por las 187 personas lesionadas se abrió 1 carpeta fiscal. De otra parte, informó sobre la detención de 85 personas por presuntos hechos de vandalismo y desmanes, por los que se abrieron 8 carpetas fiscales”, se lee en la publicación presentada.
La CIDH no ha dudado en condenar los actos de vandalismo registrados durante su visita al Perú. La destrucción de carpetas y expedientes judiciales merecen graves sanciones, según lo indicado por la entidad. Para la Comisión la protesta pacífica es un elemento sustancial para la existencia de la democracia y “es un derecho en el contexto de una crisis política”, tal como lo señaló la comisionada Margaret May Macaulay en su presentación.
Primero reportes
Las regiones donde se concentraron las protestas no fueron los únicos lugares donde se reportaron actos de vandalismo. A pocos días de haber asumido la presidencia Dina Boluarte, se reportaron los primeros disturbios y actos vandálicos en la capital. Entre quienes pedían la liberación de Pedro Castillo estaban quienes saquearon la sede del Poder Judicial y el Ministerio Público que se encuentra en la avenida Abancay.
“A raíz de las últimas protestas en el Centro de Lima, instamos a la Policía de Perú a que haga público los nombres de detenidos para que puedan ser asistidos legalmente”, señaló en Twitter la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Entonces ya era 119 policías los que resultaron heridos en su intento de controlar las manifestaciones, aunque también hubieron denuncias sobre el actuar de las fuerzas del orden.
“Han sido dos jornadas muy lamentables con un saldo de siete personas fallecidas (...) dos de ellas menores de edad y todos por proyectiles de armas de fuego”, dijo entonces la defensora del Pueblo, Elena Revollar. Sin embargo, la violencia continuó por semanas en diversas ciudades del territorio llegando a cobrar la vida de 60 ciudadanos. El último de estos agonizó durante semanas en un hospital debido a los impactos en su cuerpo.
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