Desde mayo de 1980, en el Perú se desató una ‘guerra armada’ provocada por un grupo de sujetos que seguían la ideología ‘marxista-leninista-maoísta’ y se hacían llamar Sendero Luminoso.
Esta sanguinaria agrupación provocó la muerte de casi 40 mil peruanos durante sus años de actividad (de 1980 al 2000) y cuantiosos daños que ascienden a varios millones de soles.
En ese sentido, el Estado peruano se defendió tanto como pudo hasta lograr la captura de su principal cabecilla, Abimael Guzmán Reinoso, el 12 de setiembre 1992.
Pero en ese afán de defensa, se cometieron una serie de excesos que han quedado registrados en la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Unos de esos lugares en los que se cometieron ejecuciones extrajudiciales fue el cuartel conocido como Los Cabitos, en Ayacucho, Y esto es lo que pasaba en su interior en aquellos años oscuros.
¿Qué era Los Cabitos?
Ubicado en el distrito de Andrés Avelino Cáceres, provincia de Huamanga (Ayacucho); el cuartel N.º 51 Domingo Ayarza era conocido como ‘Los Cabitos’.
De igual manera, sin previo juicio se torturaba, violaba, ejecutaba y se realizaban desapariciones forzadas.
¿Qué pasaba en Los Cabitos?
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entre los años de 1983 y 1984, en ‘Los Cabitos’, especialmente en la zona denominada ‘La Casa Rosada’, en donde funcionaba la Unidad de Inteligencia, miembros del Ejército peruano permitieron la constante violación de los derechos humanos de cuanto detenido llegaba a sus instalaciones, que eran principalmente personas de la localidad.
Según el mismo documento, en este lugar, los militares también torturaban, desaparecían y ejecutaron a al menos, según cifras oficiales, a no menos de 136 ciudadanos. De ese número, más de 100 fueron considerados desaparecidos. Muchos de ellos eran menores de edad.
Así operaban
Otro de los detalles que se dan en el informe de la CVR es la manera que tenían de operar los militares cada vez que salían a capturar a algún sospechoso.
Para no levantar sospechas en la población aterrada, estos actos se realizaban en horas de la noche y ya entrada la madrugada.
También, los captores iban vestidos con capuchas, jamás se identificaban y todos llevaban armas de largo alcance.
Si algún familiar iba al día siguiente con las autoridades a denunciar la desaparición de su ser querido, la respuesta siempre era la misma: “seguro se lo han llevado por terruco”.
La Casa Rosada
Una vez que los llevaban a Los Cabitos, y más específicamente al edificio llamado La Casa Rosada, los efectivos de la ley torturaban de diferente manera a sus víctimas para que confesaran (sin importar si eran o no) su filiación al movimiento senderista. O en todo caso, para que delataran a los que si lo eran.
Si todavía no había confesión, entonces los verdugos regresaban para golpearlos con palos por todo el cuerpo y sumergirlos en grandes cilindros de agua. Luego les pasaban corriente eléctrica por su cuerpo, en especial por la zona de los genitales.
Con el cuerpo y la moral deshecha, por tanto maltrato, a los pobres inocentes que tenían la desdicha de ser acusados se les dejaba sin comer o tomar agua por varios días. O en el mejor de los casos, les daban los desperdicios de la comida que sobraba en platos más sucios aún.
En otras ocasiones, los llevaban a pasear, siempre dentro Los Cabitos, para que puedan ver las fosas en las que ya había restos humanos. Si no colaboraban, ese sería su fin. También los hacían escuchar los gritos de dolor de otros familiares que también habían sido tenidos y estaban siendo torturados.
A pesar de que estos hechos ya habían sido denunciados en 1983, estos fueron archivados. Recién se tuvo que esperar 21 años, hasta 2004, para que sean reabiertos debido a la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Fosas comunes
Desde entonces, y hasta ayer mismo, se han encontrado diversas fosas comunes y hornos de incineración dentro del predio de Los Cabitos.
Luego de un largo proceso judicial, recién en el año 2017 los militares en retiro Humberto Bari Orbegozo Talavera (75) y Pedro Edgar Paz Avendaño (79) fueron condenados a pasar 30 y 23 años en prisión por la desaparición forzada de 53 personas, tortura, ejecución extrajudicial en Los Cabitos.
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