A menos de tres días en sus respectivos cargos, tres de los cuatro nuevos integrantes del Gabinete Ministerial enfrentan cuestionamientos por su historial en la Fiscalía.
Se trata de los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate; de Trabajo y Promoción del Empleo, Antonio Varela; y la ministra de Educación, Magnet Márquez Ramírez.
Dichos funcionarios señalaron en sus respectivas declaraciones juradas no contar con sentencias judiciales, sin embargo, sí consignaron que cuentan o contaron con investigaciones en el Ministerio Público, de acuerdo a El Comercio.
El ministro Maurate, quien reconoció que registra llamadas telefónicas con involucrados en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, indica que las diligencias en su contra ya fueron archivadas. Pese a ello, en el documento no precisa detalles sobre los casos y coloca que estas se encuentran “pendientes” de presentarse.
Maurate Romero fue investigado por los presuntos delitos de usurpación de funciones, colusión ilegal, abuso de autoridad y peculado, según el medio citado, en el año 2006.
Este caso fue archivado y, dos años más tarde, fue denunciado por los presuntos de falsa declaración en la contratación de servicios de asesoría legal externa, negociación incompatible y utilización indebida de recursos. Este recurso también fue archivado.
En esta línea, además, manifiesta que “no recuerda” si estuvo implicado en procedimientos administrativos sancionadores y/o disciplinarios, pero que actualmente no cuenta con ninguna sanción.
Por otro lado, el ministro Varela Bohórquez señala que tuvo una investigación, ya archivada, en el Ministerio Público por el presunto delito de colusión. Al igual que su anterior par, también indica que está “pendiente de enviar detalle” sobre este caso.
La ministra Márquez Ramírez, a su vez, declaró investigaciones fiscales y/o procesos judiciales en calidad de cómplice o imputado, sin embargo, evitó precisar si estas se mantienen en curso y de brindar mayores detalles por el momento.
Sobre su posible implicancia en procesos sancionadores o disciplinarios, registra que no “ha tomado conocimiento a la fecha” si esta situación se ha producido.
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