No fue nada barato. Según se pudo saber, traer por la fuerza al expresidente de la República, Alejandro Toledo no ha resultado ser ni sencillo y económico. Ocurre que el Estado se habría visto en la necesidad de gastar hasta dos millones de soles para lograr su cometido.
El investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, en el marco de los casos Ecoteva e Interoceánica, llevaba en territorio norteamericano desde el 2017.
En aquel año, Jorge Barata, colaborador eficaz y exdirectivo de la constructora Odebrecht, aseguró que la compañía brasileña entregó millonarios sobornos a Toledo. Por ello, en aquel entonces, la Fiscalía solicitó meses más tarde que el imputado sea deportado.
Durante el procedimiento de extradición, a cargo del magistrado Thomas S. Hixson, el Estado peruano pagó al menos dos millones de soles al estudio jurídico Foley Hoag LLP, de acuerdo a El Comercio, por servicios de representación en EE.UU.
Según se indica, se realizaron diversos montos entre junio del 2019 y marzo de este año; las diligencias sobre el pedido fiscal iniciaron casi dos años después de su presentación ante la justicia norteamericana.
Ocho pagos de un total de S/ 1 millón 532 mil 766 se desembolsaron al citado estudio, confirmó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos —según el medio citado— en el año 2019.
Mientras tanto, el siguiente año, se pagó S/ 361.255 a Foley Hoag en medio del avance de la solicitud de extradición.
Posteriormente, en el 2021, se reportó que una suma de S/ 44.178 fue cancelada a la representación legal. Este se realizó en cinco pagos.
El seis de abril del año pasado, por otro lado, se firmó un tercer acuerdo y se desembolsó S/ 187.149. Finalmente, el último gasto se suscitó el siete de marzo del 2023.
Se registra, además, que estas entregas no ocasionaron una ampliación presupuestal debido a que, en un primer acuerdo entre ambas partes, se calculó un pago de poco más de US$ 1 millón.
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