Municipalidades norteñas encabezan ranking de instituciones con el mayor número de funcionarios presuntamente corruptos

Los efectos del ciclón Yaku revelaron que los planes por reconstruir el norte del país luego del fenómeno de El Niño en 2017 prácticamente nunca llegaron a concretarse. Las mismas ciudades y localidades que hace seis años sufrieron los embates de la naturaleza, hoy vuelven a reclamarle al Estado el porqué de su olvido mientras que desde la Contraloría General de la República (CGR), una lista confirmaría, una vez más, que nuestro gran problema es la corrupción.

La CGR, entidad encargada de supervisar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado, ha compartido un ranking de funcionarios presuntamente corruptos. Los seis primeros lugares se disputan entre municipalidad provinciales y distritales de regiones como Lambayeque, La libertad y Piura siendo la Municipalidad Provincial de Chiclayo la que lidera la lista.

En la Municipalidad Distrital de Olmos de Lambayeque se estima que son 32 los funcionarios implicados en actos ilegales en la administración y supervisión de proyectos de infraestructura que se realizarían con fondos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Delitos como contratación indebida, alteración del contrato, no cobro de penalidades, entre otros destacan entre las presuntas faltas.

Un informe La República da cuenta que tras la creación de la ARCC, el Estado destino más 3 millones 214 mil 587 soles para atender los problemas del norte del país. El presupuesto ha ido aumentando con el paso de los años llegando a 4 mil 668 millones de soles, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, durante el impacto registrado en el norte por las constantes lluvias revelan lo poco avanzado en dicha zona del país.

Entre los presuntos actos de corrupción más recurrentes entre quienes están a cargo de la reconstrucción del norte resaltan contratación indebida; es decir, los proyectos fueron adjudicados a empresas no aptas para determinados trabajos, alteración del contrato, no se tomaron en cuenta las deficiencias y faltas de empresas contratadas, no se verificó el perfil de los contratados y se aceptaron obras incompletas.

“Se sigue aumentando la transferencia de fondos de la ARCC a los gobiernos regionales y locales, como si la mayor cantidad de dinero solucionara el problema. Sin embargo, si no se fortalece la fiscalización, la transparencia, la rendición de cuentas de las autoridades, esos fondos no van a cumplir su propósito. Se debe aprovechar que este 2023 han iniciado funciones nuevas autoridades para lanzar una cultura contra la corrupción”, dijo una fuente de la contraloría al citado medio.

Los efectos del ciclón Yaku revelaron que el proyecto de reconstrucción del norte iniciado en el 2017 había fracasado. Ante esto, el gobierno de Dina Boluarte anunció la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, entidad que buscaría promover el desarrollo de grandes obras. Esta tarde, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que tienen como finalidad legalizar su existencia tras la aprobación del Congreso.

El visto bueno del Ejecutivo llega dos semanas después del anuncio realizado por la presidenta Boluarte en medio de los esfuerzos por ayudar a los damnificados del ciclón Yaku. Sobre esta indicó que contará con oficinas descentralizadas en todo el país. Se espera que esta oficina ponga en marcha la construcción de obras emblemáticas en diversas regiones como el mejoramiento de la cuenca del río Rímac y se enfoque en la prevención y control de cuencas.