Criminalización, violencia y vulneración de derechos: el accidentado camino hacia el aborto terapéutico en Perú

Febrero, 2023. Juana —a quien llamaremos así— es una menor de 10 años que fue víctima de una violación sexual. Producto de este abuso, quedó en estado de gestación y, pese a su corta edad, fue obligada a continuar con el embarazo. Aún y con todo el daño psicológico que representa esta situación, la menor fue abandonada en el hospital Santa Rosa de Piura, donde se le practicó una cesárea de urgencia, de acuerdo a información del Ministerio Público.

Al igual que Juana, cada día, cuatro niñas menores de 14 años víctimas de abuso sexual son forzadas a ser madres en Perú. Aunque en el país el aborto terapéutico es legal, las gestantes no siempre pueden acceder a estos procedimientos médicos, lo cual atenta contra los derechos de niñas, adolescentes y mujeres en estado de vulnerabilidad.

De acuerdo a la experta de Justicia Verde, las cifras de maternidad forzada en niñas y adolescentes se incrementa cada año. En estos casos, se refleja el incumplimiento de distintas obligaciones del Estado, como la prevención de violaciones sexuales y la identificación de embarazos, producto de violaciones sexuales en niñas y adolescentes.

“En muchos casos, las niñas y adolescentes acuden a los establecimientos de salud de manera oportuna cuando tienen embarazos producto de violaciones sexuales y la información que reciben de los profesionales de salud no es una información que les permita decidir sobre la interrupción legal de un embarazo, sino que les dicen tienen que continuar con el embarazo, es decir, llevar un embarazo forzoso. Se les pide continuar con un control prenatal en embarazos, producto de violencia sexual, aun cuando existen protocolos y una norma que debería orientar la acción de los profesionales de la salud a brindarles la posibilidad o evaluar la posibilidad de acceder a un aborto terapéutico”, enfatizó.

Pero la falta de ejecución de políticas públicas, como el acceso al aborto terapéutico, no es el único problema en el sistema de salud peruano que perjudica a las damas. A diario, más de mil personas de sexo femenino acuden a abortos clandestinos que muchas veces se realizan en paupérrimas condiciones y no siempre son practicados por especialistas de la salud, lo cual genera la pérdida de la vida humana por malas praxis.

Esta situación afecta a cientos de mujeres, como Haydée Zelada Saldarriaga (36), quien junto a su pareja Ítalo Reyes Salazar (38) acudió a un consultorio supuestamente médico en el distrito de Jesús María para realizarse un aborto de forma clandestina en el año 2020. La dama fue atendida por un falso médico y, tras una mala intervención quirúrgica, presentó una hemorragia que acabó con su vida.

De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología del Perú, en el año 2015 se registraron un total de 414 muertes maternas. Aunque el informe no detalla cuántas son productos de abortos clandestinos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) resalta que el 13% de los fallecimientos de madres en años pasados se debieron a estas prácticas.

Al respecto, los Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) se han pronunciado sobre la situación del aborto en Perú y han expresado su preocupación por las mujeres fallecidas y el acceso a este procedimiento médico. Han reconocido la importancia de la legalización del aborto en el país para evitar colocar a las mujeres en una situación de riesgo al acceder a métodos clandestinos.

El Comité de los Derechos del Niño y la Niña de la ONU también se pronunció acerca de las tasas de embarazo adolescente y la cantidad de jóvenes que fallecen por acceder a estas prácticas. “El Estado Parte debe adoptar todas las medidas posibles para hacer frente al fallecimiento de niñas adolescentes a causa del aborto”, señaló.

“Al Comité le preocupa profundamente que los abortos ilegales sean una de las principales causas de la alta tasa de mortalidad materna en el Estado parte y que la interpretación de qué constituye aborto terapéutico y legal en caso de necesidad por razones médicas sea demasiado restrictiva y poco clara, lo cual lleva a las mujeres a abortar clandestinamente en condiciones de inseguridad”, añadió el Comité contra la Tortura.

El aborto terapéutico en el país es legal desde el año 1924, sin embargo, la Policía Nacional ha recibido un total 55 denuncias por aborto terapéutico desde el año 2016 hasta el año 2021, según una investigación desarrollada por la organización Proyecta Igualdad.

En los últimos 10 años, el Congreso de la República ha recibido cuatro proyectos de ley para despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Sin embargo, todos estos han sido rechazados. El último de estos fue presentado en el año 2022 ante la Comisión de Justicia del Parlamento, pero doce votos en contra, cuatro abstenciones y uno a favor acabaron con esta posibilidad.

La iniciativa fue presentada por la congresista Ruth Luque, del partido Juntos por el Perú, con la finalidad de reconocer el “derecho de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia, y evitando para ellas una maternidad impuesta o forzada”.

Las bancadas que votaron en contra fueron: Renovación Popular, Perú Libre, Fuerza Popular, Avanza País y Acción Popular. El único voto a favor fue el de la legisladora Ruth Luque, quien presentó el proyecto.

Además, la especialista en políticas públicas recalcó que en el país ha retrocedido en temas de derechos reproductivos “sin tomar en cuenta la responsabilidad que esto implicaría para la vida de las mujeres”. También precisó que el rol que ha adoptado el Parlamento en esta situación es clave, pues se ha mostrado en contra de todos los avances que conciernen a temas de género y derechos sexuales de niñas, adolescentes y mujeres.

“Tenemos un Congreso y un Ejecutivo absolutamente obstructor a los derechos de las mujeres. En algo que se han puesto de acuerdo todas las líneas políticas, los grandes grupos políticos y que ahora tienen un común los pro gobiernistas como la ultraderecha fujimorista, es que los derechos de las mujeres no pueden ser reconocidos. Es por esto que aprueban leyes de gran retroceso”, afirmó.

La experta reclamó que las leyes estén enfocadas en restringir servicios y no en proteger la salud de las niñas, adolescentes y mujeres. Según argumentó, las cifras de embarazo adolescente muestran que las políticas públicas en salud no se están cumpliendo y, por el contrario, se vulnera los derechos de las infancias y adolescencias.

“¿Qué pasa cuando una niña menor de 15 años llega a un establecimiento de salud con un embarazo? Allí, sin mayor discusión, se debería a realizar un aborto terapéutico, ¿y por qué amerita un aborto terapéutico? Porque todos y todas sabemos que el embarazo en menores de 15 años son embarazos de muy alto riesgo y son embarazos de un mal pronóstico para las niñas. También son mal pronóstico para el recién nacido. Además, porque este nace y trunca el proyecto de vida. Ahí tenemos el incumplimiento del Estado”, aseguró.

El Parlamento peruano durante los últimos años se ha mostrado en contra de los avances en temas de género. Como parte de esta línea conservadora que han seguido, se han debatido y aprobado proyectos que atentan contra derechos de niñas, adolescentes y mujeres, como la aprobación del proyecto de ley N°1520, el cual pone en riesgo el acceso al aborto terapéutico en Perú.

La iniciativa legislativa presentada por la congresista Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, fue aprobada por la Comisión de la Mujer y Familia con 10 votos a favor, dos abstenciones y uno en contra. Este dictamen tiene como finalidad garantizar la vida de la persona mediante la protección de la mamá gestante, el niño por nacer y su entorno familiar. Es decir, le brinda una protección legal adicional al embrión.

La aplicación del aborto terapéutico podría verse afectada luego de que se pretenda reconocer los derechos del “niño por nacer”, pues este podría negar la posibilidad de intervenir en el embarazo, aunque este ponga en riesgo el bienestar de la mamá, o sea proveniente de una violación sexual.