Esta semana se conoció que las terroristas Martha Huatay y Maritza Garrido Lecca, ambas vinculadas a Sendero Luminoso del genocida Abimael Guzmán, abandonaron de manera inesperada y silenciosa el país a pesar de que aún tienen cuentas pendientes con la justicia peruana.
Huatay fugó a Argentina en junio del año pasado en pleno juicio por el atentado subversivo en la calle Tarata, ubicado en el distrito limeño de Miraflores, el 16 de julio de 1992. Precisamente, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo sustentó el jueves pasado el pedido de prisión preventiva por nueve meses contra ella.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, Huatay recibió la orden del Comité Central de Sendero Luminoso para ejecutar el atentado con un coche bomba en la calle Tarata. Además, señala que no podrían eximir de una pena grave para la senderista, de 79 años, puesto que el delito de terrorismo, en su forma simple o agravada, no aplica para que tenga algún tipo de beneficio. Igualmente, consideran el hecho que haya salido del país que configuraría como una conducta de evasión a la justicia.
Por todo ello, el Ministerio Público pidió cadena perpetua para Huatay que salió de prisión en 2017 tras cumplir su condena por los nexos con el terrorismo.
Por su parte, Garrido Lecca también voló a tierras argentinas el 3 de julio de 2022. La exbailarina fue liberada en 2017 tras cumplir su sentencia por su pasado terrorista. En los últimos años realizó cuatro viajes al exterior.
La primera se dio en 2018 cuando estuvo por Chile entre el 31 de mayo al 5 de junio. Luego, en 2019, se quedó en Colombia desde el 4 al 15 de octubre. Dos años después, Garrido Lecca voló a España donde estuvo entre el 11 de agosto hasta el 20 de octubre. El 2021 también viajó a Argentina entre el 9 al 17 de diciembre.
A pesar de estas salidas al exterior, Garrido Lecca debe 40 mil soles de la reparación civil a favor del Estado peruano.
En ambos casos, ni Huatay ni Garrido Lecca pidieron perdón. Sin embargo, no son los únicos.
Lori Berenson fue una periodista norteamericana que tuvo nexos con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), ya que le alquiló su casa en La Molina a los integrantes de esta organización terrorista.
El 30 de noviembre de 1995 Berenson terminó arrestada junto a otros miembros del MRTA cuando planeaban tomar por asalto el Congreso de la República y secuestrar a los parlamentarios a cambio de dinero. Inicialmente, recibió una condena de cadena perpetua que lo iba cumplir en el penal de Putumayo en Puno.
Sin embargo, el Poder Judicial anuló la sentencia para imponer otra de 20 años y una reparación civil de 100 mil soles. Berenson cumplió su condena el 2015 e, inmediatamente, fue expulsada a Estados Unidos. Hasta ahora no ha pagado ni un sol del enorme daño que le hizo al Perú.
Igualmente, el terrorista chileno Jaime Castillo Petruzzi fue expulsado por las autoridades peruanas a su país tras cumplir su pena de 23 años. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, este sujeto tuvo el apodo de “Torito” y participó en el asesinato del empresario David Ballón Vera, el 24 de febrero de 1993, que el MRTA se atribuyó como suyo.
Finalmente está el caso del terrorista Peter Cárdenas Schultz, quien radica desde hace algunos años en Suecia. Él migró hacia el país europeo tras cumplir su sentencia por participar en el asesinato del ministro de Defensa, Enrique López Albújar, el 9 de enero del 1990.
Cárdenas Schultz sigue de cerca la política peruana. En 2021 dijo a la revista Caretas que iba a regresar al Perú si Pedro Castillo ganaba la presidencia de la República.
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