El congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, presentó una moción en el Parlamento para crear una Comisión Investigadora Multipartidaria que investigue la contratación de asesorías y consultarías, al interior del Ministerio de Educación (Minedu) y el Consejo Nacional de Educación (CNE), en un plazo de 180 días calendario.
La propuesta legislativa se presenta poco después de los cuestionamientos del titular del Minedu, Óscar Becerra, sobre dichas contrataciones en la entidad que preside y la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).
“No sé cuánto habrá en consultorías en Sunedu y me imagino que eso lo verá la Contraloría, pero ya estamos cansados de esa puerta giratoria en la que un ministro sale [del cargo] y una ONG, en la que el ministro participa, presenta la cotización para una consultoría”, manifestó en diálogo con Canal N.
Durante la misma conversación, además, el ministro afirmó que al iniciar su gestión encontró informes de una o dos páginas -previas consultorías o asesorías- que llevaron varios meses de trabajo. Asimismo, refirió que se gastaron un aproximado de 728 millones de soles en pagar estos servicios.
“El mismo proveedor factura seis, ocho o diez veces, o una organización relacionada con este proveedor o un pariente de alguien, que muchas veces es una autoridad, exministro, exviceministro o excongresista. Esas cosas tenemos que erradicarlas. (...) Se meterá tijera [a estas contrataciones]”, aseveró.
De instalarse la comisión propuesta por Muñante, se indagará en las contrataciones suscitadas entre los años 2012 y 2020 (diciembre) en las citadas entidades.
Esta deberá “recabar toda la información necesaria que sirva para determinar las responsabilidades políticas y administrativas, así como civiles y penales, de todas las personas e instituciones públicas y privadas involucradas en actos irregulares”.
“Se realizará para tales efectos las investigaciones necesarias que sean puestas en conocimiento del Ministerio Público, a fin que éste determine las imputaciones y acusaciones respectivas; coadyuven a la detección de responsabilidades sancionables; y se remitan sus conclusiones al Pleno del Congreso, incluyendo las proposiciones y recomendaciones legislativas que fuere necesario”, se precisa.
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