Presentan proyectos de ley que incluyen actos de violencia en protestas como delitos por terrorismo

El Perú vive una de la crisis política y social más preocupante de los últimos años. Desde que se destituyó a Pedro Castillo como presidente de la República y Dina Boluarte asumió funciones por sucesión constitucional, se convocaron a marchas y protestas en diferentes regiones del país.

El uso de la violencia en las manifestaciones ha sido una característica que se ha repetido en las últimas semanas y lamentablemente más de 60 personas perdieron la vida y miles de peruanos resultaron heridos.

Durante las protestas se ha registrado, desde la toma de aeropuertos, atentados contra empresas privadas y entidades públicas, así como el bloqueo de carreteras y daños al ornato público. Incluso se ha reportado ataques a viviendas de funcionarios. Esta situación ha mantenido en zozobra a la población afectando además el desarrollo económico de diferentes rubros.

En esa línea, las bancadas parlamentarias Renovación Popular y Avanza País han decidido presentar proyectos de ley con el objetivo de incluir los actos de violencia en protestas como delitos de terrorismo.

Ambos proyectos proponen modificaciones al Decreto Ley N° 25475, que Establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio y actualmente se encuentran en la comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La congresista Patricia Chirinos, del grupo parlamentario Avanza País, presentó una iniciativa legislativa que propone ‘fortalecer la lucha contra el terrorismo’.

Se trata de la modificación al artículo 2 del Decreto Ley 25475 a fin de incluir lo siguiente:

“La persona o grupo de personas que crean, o mantengan en estado de zozobra, alarma o temor en la población o a un sector de ella, realizando actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personal o contra el patrimonio privado, destrucción de la propiedad privada y/o pública, bienes muebles y/o inmuebles, contra la seguridad de los edificios públicos y/o privados, carreteras, vías de transporte, medios de comunicación o transmisión de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, o contra las infraestructuras que generan desabastecimiento de recursos de primera necesidad, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos u otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública será considerado como un acto de terrorismo y será sancionado con pena privativa de no menor a 20 años de cárcel.

“El que, durante manifestaciones, aprovechándose de éste, ataque, destruya, desmantele, incendie, o atente contra comisarías, hospitales, dependencias policiales o militares, aeropuertos, puertos, campamentos gasíferos, campamentos mineros, hidroeléctricas, edificios de las diferentes instituciones públicas, empresas privadas y construcciones consideradas como patrimonio cultural de la nación. Así como también, el que o los que atenten contra la integridad física, libertad, cuerpo y salud, secuestre, golpee, o producto de estos hechos cause la muerte de servidores públicos, autoridades, agentes de las fuerzas armadas, policía nacional, bomberos, con fines políticos será considerado como un acto de terrorismo y será sancionado con pena privativa de no menor a 30 años de cárcel.”

El congresista Jorge Montoya, del grupo parlamentario Renovación Popular, presentó una iniciativa legislativa que propone modificar los artículos 2 y 3 del Decreto Ley 25475:

Artículo 2

“El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, los activos críticos nacionales, sedes diplomáticas; actividades económicas de cualquier clase, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad o de cualquier Estado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años”

Artículo 3

La iniciativa busca incluir lo siguiente:

Pena privativa de libertad no menor de 30 años:

- Si el agente, acuerda, pacta o conviene con persona o agrupación dedicada al tráfico ilícito de drogas, con la finalidad de obtener apoyo, ayuda, colaboración u otro medio, a fin de realizar sus actividades ilícitas.

- Si el agente comete contra una persona un acto de violencia que cause o pueda causar lesiones graves o la muerte de esa persona en las instalaciones del aeropuerto o cualquier otro activo crítico nacional.

- Si el agente ejecuta un acto que causa o pueda causar daños graves al medio ambiente.

- Si el agente destruye o causa graves daños en una aeronave que no esté en servicio y esté situada en el aeropuerto.

- Si el agente perturba los servicios del aeropuerto o cualquier otro activo crítico nacional.

Además, realiza la siguiente precisión:

- Si el agente pertenece o está vinculado a elementos u organizaciones terroristas internacionales u otros organismos que contribuyan a la realización de fines terroristas o la comisión de actos terroristas en el extranjero, la pena privativa de libertad será de hasta cinco años adicionales a la pena máxima correspondiente.