Panamá reestructura un crédito millonario con Merrill Lynch

Panamá reestructuró uno de sus principales compromisos financieros con la banca internacional al sustituir un préstamo vigente por una nueva facilidad de 1,700 millones de euros, equivalentes a casi $1,980 millones, una operación que no representa endeudamiento nuevo por la totalidad del monto, sino la renovación de una obligación existente bajo mejores condiciones y la incorporación de $580 millones adicionales para fortalecer la liquidez del Estado.

La operación fue autorizada mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial y establece los términos del contrato suscrito entre la República de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); The Bank of New York Mellon, como agente de la facilidad; y Merrill Lynch International, como agente coordinador y prestamista.

A primera vista, el monto podría interpretarse como un nuevo préstamo por casi $2,000 millones, pero la estructura de la operación es distinta. Del total, aproximadamente $1,400 millones corresponden al saldo pendiente del crédito contratado en marzo de 2025, mientras que los otros $580 millones constituyen recursos frescos que serán desembolsados al Estado.

En otras palabras, el Gobierno cancelará anticipadamente el préstamo anterior, lo reemplazará por uno nuevo y, al mismo tiempo, obtendrá financiamiento adicional. Según la resolución, esos recursos podrán utilizarse para financiar parcialmente el Presupuesto General del Estado, futuras vigencias fiscales, proyectos de inversión y cubrir los costos asociados a la nueva operación financiera.

La propia resolución explica que el MEF negoció la nueva facilidad para mitigar los riesgos de mercado y mejorar las condiciones del financiamiento. Entre las principales modificaciones figura un plazo de cinco años amortizables y una tasa de interés fija, condiciones que reemplazan el contrato original firmado con Merrill Lynch en marzo de 2025.

Más allá de esta operación específica, el contrato confirma el cambio de estrategia que ha seguido Panamá para financiar sus necesidades de caja. Tradicionalmente, el país acudía a los mercados internacionales mediante emisiones de bonos soberanos, pero desde 2024 ha privilegiado la negociación directa con bancos comerciales internacionales, evitando nuevas colocaciones de deuda en un entorno de tasas de interés elevadas.

Las cifras oficiales reflejan ese cambio. Al cierre de junio de 2026, la deuda pública ascendía a USD 61,526.8 millones, de los cuales $9,692.4 millones correspondían a préstamos con banca comercial, equivalentes al 15.8 % del total del endeudamiento.

Aunque los bonos globales siguen siendo el principal componente de la deuda, con USD 31,096.7 millones, su peso relativo ha comenzado a disminuir frente al crecimiento de los créditos bancarios.

La estrategia responde principalmente a un criterio de costo financiero. Emitir bonos obliga al Gobierno a aceptar el rendimiento que exijan los inversionistas en ese momento. Tras el incremento de las tasas de interés internacionales y el deterioro de la calificación crediticia de Panamá en los últimos años, obtener recursos mediante préstamos bancarios ha resultado una alternativa más flexible, al menos mientras las condiciones de mercado mejoran.

Sin embargo, las calificadoras consideran que esta estrategia también implica riesgos. Fitch Ratings señala que Panamá ha continuado recurriendo a préstamos bancarios denominados principalmente en euros y francos suizos, evitando regresar al mercado internacional de bonos desde febrero de 2024.

Según la agencia, esta política permitió asegurar aproximadamente $5,300 millones equivalentes mediante financiamiento bancario durante 2025.

La preocupación de Fitch no se centra únicamente en el monto de la deuda, sino en el perfil de sus vencimientos. Mientras los bonos soberanos suelen emitirse a 10, 20 o incluso 30 años, los préstamos bancarios normalmente tienen plazos de dos a cinco años, lo que obliga al Estado a refinanciar con mayor frecuencia sus obligaciones y concentra importantes vencimientos entre 2027 y 2028.

La calificadora también advierte que el uso de créditos denominados en monedas distintas al dólar introduce riesgos cambiarios. Aunque Panamá mantiene una economía dolarizada, parte de estos préstamos deberá pagarse en euros o francos suizos, por lo que el costo final dependerá también de la evolución del mercado cambiario.

Con la operación autorizada esta semana, Panamá no solo sustituye un préstamo vigente, sino que incorpora alrededor de $580 millones en recursos adicionales para financiar parcialmente el Presupuesto General del Estado y futuras vigencias fiscales, mientras gana margen para volver al mercado internacional de bonos cuando las condiciones financieras resulten más favorables.

El desafío, sin embargo, trasciende esta operación puntual. Si bien la estrategia de acudir a la banca comercial puede reducir el costo inmediato del financiamiento y ofrecer mayor flexibilidad, también implica que una parte creciente de la deuda pública dependerá de créditos de menor plazo, aumentando las necesidades de refinanciación en los próximos años.

En un contexto donde la deuda pública supera los $61,500 millones y el pago de intereses continúa presionando las finanzas estatales, el equilibrio entre obtener liquidez y mantener un perfil sostenible de vencimientos será uno de los principales retos de la política fiscal panameña.