La Asamblea Nacional de Panamá abrió la convocatoria pública para escoger al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo que ocupará el cargo durante el periodo 2026-2031, en reemplazo del actual titular, Eduardo Leblanc González.
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales anunció que las postulaciones se recibirán los días 18, 19 y 20 de marzo de 2026, entre 8:30 a.m. y 4:00 p.m., en su sede ubicada en el sexto piso del edificio principal del Legislativo.
Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 130 de la Constitución Política, además de presentar la documentación exigida por el reglamento del proceso.
El llamado oficial, firmado por el diputado Luis Eduardo Camacho Castro, presidente de la Comisión de Gobierno, invita a todos los ciudadanos y ciudadanas interesados en ocupar el cargo a presentar una carta de postulación, una hoja de vida, así como certificaciones del Tribunal Electoral y documentos que acrediten el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Entre los requisitos obligatorios también se encuentra el certificado de antecedentes penales, la copia autenticada de la cédula de identidad personal y una declaración notarial bajo juramento que confirme que el aspirante no se encuentra dentro de las limitaciones constitucionales ni en las restricciones establecidas en la Ley 504 de 2025.
La persona seleccionada asumirá la dirección de la Defensoría del Pueblo, institución encargada de proteger y promover los derechos humanos en Panamá, en un momento marcado por cambios legales recientes que buscan fortalecer su funcionamiento.
Durante el primer bimestre de 2026, la entidad gestionó 1,231 trámites relacionados con la defensa de derechos ciudadanos, de los cuales 607 se registraron en enero y 385 en febrero, además de otras gestiones administrativas dentro de su sistema de atención. Del total de casos, se contabilizaron 831 orientaciones, 296 quejas, 97 peticiones y 7 investigaciones iniciadas de oficio, según cifras divulgadas por la institución.
Las estadísticas institucionales muestran que 1,201 de las gestiones correspondieron a trámites individuales, mientras que 23 casos tuvieron carácter colectivo y 7 investigaciones se iniciaron de oficio por la propia Defensoría.
Entre los derechos más invocados por la ciudadanía destacan el derecho al trabajo, el derecho al debido proceso y el derecho a la salud, temas que concentran buena parte de las consultas, reclamos y solicitudes de mediación presentadas ante la institución encargada de supervisar la actuación de las autoridades públicas y entidades que prestan servicios de interés social.
En cuanto a los canales utilizados por la población para presentar sus casos y consultas, la atención presencial se mantiene como la principal vía de contacto, con 586 trámites registrados en oficinas.
Otros canales utilizados incluyeron WhatsApp, con 184 solicitudes, la línea gratuita 127, con 170 comunicaciones, el correo electrónico, con 123 casos, así como correspondencia escrita, llamadas telefónicas, Defensorías Móviles, el asistente virtual Memoy y plataformas de redes sociales.
La mayoría de las gestiones fueron tramitadas en la sede central de la institución, así como en las oficinas regionales de Chiriquí y Veraguas.
El proceso de elección del nuevo defensor se produce además en un contexto de transformación institucional, luego de la aprobación de la Ley 504 del 18 de diciembre de 2025, normativa que moderniza el mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo.
El actual defensor Eduardo Leblanc González explicó que la norma introduce cambios estructurales orientados a fortalecer la protección de los derechos humanos y ampliar el alcance de la institución dentro del sistema democrático panameño.
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva ley es la ampliación del ámbito de actuación de la Defensoría, que ahora podrá intervenir en casos relacionados con empresas públicas, privadas y mixtas que presten servicios de interés público.
La normativa también extiende la protección de derechos humanos a ciudadanos panameños que se encuentren en el extranjero, lo que representa una expansión significativa del mandato institucional.
Además, se establece un plazo máximo de 15 días hábiles para que las autoridades respondan a los requerimientos de la Defensoría, con una sola prórroga permitida.
La Ley 504 también introduce mecanismos para modernizar la atención ciudadana, incluyendo la gestión digital de casos, el uso de herramientas tecnológicas para inspecciones institucionales y la clarificación de los procesos de orientación, mediación, quejas y peticiones.
Uno de los avances más destacados es la creación de un sistema formal de mediación con acuerdos vinculantes, lo que permitirá que las soluciones alcanzadas tengan carácter obligatorio y generen resultados concretos para las personas afectadas.
Finalmente, la nueva normativa fortalece la estructura interna de la institución mediante la creación de la Carrera Defensorial, además de establecer mecanismos de protección legal para los funcionarios y medidas de transparencia para garantizar el cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Defensoría.
El nuevo titular del cargo, que será escogido en las próximas semanas por la Asamblea Nacional, tendrá la responsabilidad de seguir implementando estas reformas y dirigir una institución que cumple 28 años de funcionamiento dentro del sistema de defensa de los derechos humanos en Panamá.
La figura del Defensor del Pueblo, conocida también como ombudsman, fue establecida en Panamá en 1997, tras la aprobación de la Ley 7 de 5 de febrero de ese año, con el objetivo de crear una institución independiente encargada de velar por la protección y promoción de los derechos humanos frente a posibles abusos, omisiones o actuaciones indebidas de las autoridades públicas.
Desde su creación, la Defensoría del Pueblo ha tenido el mandato de recibir quejas, mediar en conflictos y formular recomendaciones a las instituciones del Estado para garantizar el respeto de las libertades fundamentales de los ciudadanos.
Sin embargo, a lo largo de los años la entidad no ha estado exenta de cuestionamientos, en medio de críticas de sectores de la sociedad civil y de la población, que han pedido que la institución asuma un papel más preponderante y firme en la defensa de los derechos de los ciudadanos, especialmente frente a decisiones o actuaciones del aparato estatal.
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