Tenemos que parar cualquier locura con Chile

El buque chileno Danstar partirá de Punta Arenas en noviembre o diciembre del 2026 con destino a Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, con toda suerte de suministros para su población.

Ha advertido su empresa propietaria que no utilizará el Pasaje de Drake, sino que atravesará el Estrecho de Magallanes, haciendo uso pleno del derecho que le brinda ser territorio chileno incuestionado.

Lo preocupante es verificar un estado de “incomodidad” y “desconfianza” por parte de la opinión pública chilena respecto de la conducta argentina en materia de límites entre nuestras dos naciones.

Desde hace cinco años, la Cancillería chilena viene solicitando la derogación del decreto argentino 256/2010, que impone a los buques que transporten carga hacia las Islas Malvinas, ya sea que salgan de puertos argentinos y/o atraviesen aguas jurisdiccionales argentinas, un permiso de la autoridad argentina indicada en el propio DNU. Si bien el decreto no hace referencia al tránsito por el Estrecho de Magallanes, sí indica “el tránsito por las aguas de jurisdicción argentina en el Atlantico Sur”, de incuestionable jurisdicción argentina.

Su pretensión es más que razonable, pero alcanza con especificar en el mismo decreto que se hace referencia sólo a los buques que partan de puertos argentinos y/o hagan transbordo en nuestras aguas.

Desde hace 140 años, Argentina reconoce que el Estrecho de Magallanes es territorio chileno.

El 3 de septiembre de este año, los presidentes Kast y Milei firmaron una declaración conjunta que reza: “El Presidente Kast reiteró el respaldo del Chile a los legítimos derechos de Soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. Por su parte, el presidente Milei reconoció expresamente “la vigencia de los tratados que establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes”.

Además, Milei expresó su agradecimiento al “apoyo de Chile a la cuestión de las Islas Malvinas”, y agregó que “se valorarán los esfuerzos del gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona en disputa, tanto en materia de exploración como de explotación de recursos hidrocarburiferos y pesqueros”.

Asunto terminado. Pero queda un tema pendiente: ¿cuál es la extensión del compromiso chileno de “evitar la consolidación de actividades logísticas”?

Una interpretación es que tal compromiso es sólo de las autoridades chilenas y no se extiende a los eventuales contratos privados que se celebren entre particulares. Esa es la interpretación que hoy parece predominar del lado chileno. Otra sería que cualquier actividad que vincule a las Islas Malvinas con Chile pasa a ser ilegal para funcionarios y/o ciudadanos y/o empresas chilenas. Este último caso tendría, siempre, excepciones: los viajes turísticos o científicos, la asistencia humanitaria, cooperación medioambiental y otras actividades específicas que involucren el relacionamiento con la población civil y no incluyan la “logística” a las actividades pesqueras y/o petroleras y gasíferas que Argentina, legítimamente, cuestiona. Y Chile afirma respaldar.

Estos temas son igualmente válidos respecto de actividades similares que se desarrollan o, eventualmente, se realicen desde los puertos de Montevideo y Santos, en Uruguay y Brasil.

Lo más saludable sería que los cuatro países nos reuniéramos, a nivel de cancilleres, y negociáramos el status quo con claridad para evitar interpretaciones equivocas tanto de los funcionarios, los actores privados y la opinión pública en general. Y sería conveniente que los presidentes ratificaran ese acuerdo, que tendría una gran significación para determinar la voluntad regional en la materia.

Como dicho acuerdo tendría la extensión que todas las partes determinaran -y que debería ser aprobado por los cuatro parlamentos-, no dejaría lugar a dudas sobre cuáles actividades son legales en cada uno de los países y cuáles son las prohibidas.

Algunos podrán plantear que esta aproximación es peligrosa para los intereses argentinos, pero peor aún es la violación permanente de una suerte de embargo regional que en la práctica no existe.

Y todavía peor sería que reprodujéramos la actual situación que mantenemos con Brasil -retiro de los embajadores-, que debilitaría el objetivo superior de la integración regional.

Ni hablar de cualquier instancia de mayor agravamiento de jure o de facto que generara ridículas tensiones entre nuestros respectivos pueblos.

Si con el RU mantenemos una relación de total normalidad diplomática y comercial, no podemos cultivar ningún escenario que no sea fraternal y asociativo entre nosotros.

“Todo nos une, nada nos separa”, supo predicar el presidente argentino Roque Sáenz Peña. Sepamos seguir su ejemplo.