Recuperar la jurisdicción para reconstruir la confianza

Argentina posee recursos naturales extraordinarios, una sociedad sin conflictos religiosos ni raciales, una enorme capacidad de innovación y una ubicación geopolítica privilegiada. Activos que resultaron insuficientes desde principios del siglo XX para alcanzar el desarrollo y la prosperidad, mientras el mundo avanzaba, en particular después del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La verdadera riqueza de las naciones se construye a partir de la confianza en sus instituciones: que la palabra empeñada valga, la ley se aplique con imparcialidad y los contratos se cumplan, con independencia de los cambios de gobierno y de la situación política. Esa confianza permite la llegada del capital, la inversión y el desarrollo.

Recuperar la confianza es recuperar la República. La tesis de este artículo es que la reconstrucción institucional de la Argentina, empezando por la justicia y la recuperación de la jurisdicción, es una condición para bajar más el índice de riesgo país, aplicar las leyes argentinas en las transacciones comerciales y financieras y completar la reconstrucción económica en curso.

La reconstrucción económica en marcha no alcanzará si no va acompañada por la reconstrucción del sistema institucional argentino. Ese es el paso siguiente para que el éxito sea pleno.

Sustento de la inversión

En un país normal, con economía e instituciones sanas, no hacen falta leyes especiales para impulsar inversiones, que surgen naturalmente de las necesidades y de la iniciativa privada.

Eso no sucede en naciones que destruyeron su credibilidad por reiterados incumplimientos de contratos y atentados cotidianos contra las instituciones, sobre todo contra las que imparten justicia.

El pensador y filósofo Karl Popper dice en su libro La lección de este siglo que, si uno debe empezar a reconstruir un país desquiciado, debe empezar por la justicia. Porque es la institución sobre la cual se edifica todo.

En 2005, cuando Estados Unidos declaró comercial la tecnología para extraer recursos shale de gas y petróleo no convencionales, no necesitó ninguna ley especial para impulsar inversiones. En solo cinco años multiplicó por 10 las reservas de ambos y se convirtió en el mayor productor y exportador mundial de petróleo y gas, por delante de Rusia y Arabia Saudita. Perforó el 80% de su formación emblema, el Permian, reactivó la mayor economía del mundo y generó más de un millón de empleos y proyectos petroquímicos por USD 385.000 millones.

Mientras tanto, Argentina, que según el propio Departamento de Energía de Estados Unidos tiene en Vaca Muerta mejor calidad de recursos, recién tenía perforado solo el 8% en 2024, por la falta de confianza en sus instituciones y de credibilidad, en especial en la justicia y en una economía marcada por crisis recurrentes.

Por eso, para impulsar la inversión y la exportación, y empezar a resolver las crisis recurrentes del sector externo, necesitó una ley especial para brindar seguridad jurídica, regulatoria, impositiva, cambiaria y laboral por 30 años. La inversión necesaria para desarrollarla, construir la infraestructura y poner en valor esa riqueza es del orden de USD 350.000 millones.

Pero, para ser creíble, en el propio texto de la Ley RIGI debió ceder jurisdicción en favor de los tribunales de Estados Unidos y correr el riesgo de una mala aplicación de las leyes argentinas, al quedar sujetas a jueces de ese país, con otra formación y otra cultura jurídica. Como lo prueba el fallo erróneo de la jueza Loretta Preska, que incurrió en una doble interpretación equivocada del derecho argentino al condenar al país en su fuero a pagar al fondo Burford y al grupo Eskenazi USD 20.000 millones.

Un importe igual al saldo récord estimado de la balanza comercial del país para todo 2026. Ese es el riesgo de ceder jurisdicción. Afortunadamente, el fallo fue revocado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en marzo de 2026, porque incurrió en dos errores al interpretar el derecho argentino: 1) considerar al estatuto de YPF como un contrato entre partes; y 2) no reparar en que la ley de expropiación argentina es la que aplica al caso.

En Argentina suele hablarse de “seguridad jurídica” solo desde el punto de vista del inversor. Sin embargo, la seguridad jurídica depende de que el Estado ejerza plenamente su jurisdicción, que es la potestad soberana para crear leyes y normas, hacerlas cumplir y resolver conflictos en su territorio. No consiste en que el Estado no intervenga, sino en que lo haga de manera previsible y uniforme, conforme a la ley.

La seguridad jurídica será fragmentada si esa jurisdicción es débil e incierta. Por eso Argentina debió cederla, a raíz de sus graves y reiterados incumplimientos, que le quitaron credibilidad.

La República no se hereda: se construye, se cuida y se perfecciona día a día; y cuando con el paso del tiempo se ha destruido, es lo primero que debe reconstruirse.

Recuperar la República significa recuperar la confianza, que está en la base de sus instituciones y de la riqueza de una nación.

Estamos acostumbrados a pensar que la infraestructura son las rutas, los puertos, los ferrocarriles, los gasoductos, los oleoductos y las redes eléctricas. Pero la justicia, aunque no se vea, es una parte esencial de la infraestructura: sin ella, los contratos no valen, o valen menos, el crédito es más caro, las hipotecas desaparecen y las inversiones se frenan.

La justicia es parte central de esa infraestructura invisible e imprescindible, que no transporta energía ni bienes tangibles, pero sí confianza, que vale más porque hace posibles los demás intercambios.

Las naciones se desarrollan y producen porque tienen instituciones sólidas capaces de transformar sus recursos en prosperidad compartida, no porque simplemente dispongan de recursos naturales.

La confianza es un activo económico y un recurso estratégico. Para que la reconstrucción económica en curso sea completa, el paso siguiente debe ser reconstruir las instituciones de la República, empezando por la justicia. El recurso estratégico más escaso en la Argentina no son los dólares ni la inversión, sino la confianza.

Argentina no es un país pobre, sino un país donde se han debilitado las instituciones que generan confianza. Y es muy importante recuperarla, porque en un país que inspira confianza: el índice de riesgo país baja, cuesta menos financiarse, llegan las inversiones, los contratos se firman bajo la ley nacional, y el crecimiento aumenta.

Pero cuando la confianza se pierde por incumplimientos reiterados, como los nueve defaults de la deuda externa y las múltiples denuncias por incumplimiento de contratos en el Ciadi, tribunal del Banco Mundial donde la Argentina fue denunciada y condenada muchas veces, para ser creíble debe ceder su jurisdicción a tribunales extranjeros. Básicamente, a Nueva York.

Y aun cuando promulgó la Ley RIGI como ley contrato y la declaró de interés nacional en términos del artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional, con el objeto de brindar total seguridad jurídica por 30 años, aun así, para ser creíble, debió ceder jurisdicción para asegurarse inversión en minería y duplicar la producción de Vaca Muerta con destino a exportación. Los tribunales argentinos no resultan confiables para los inversores internacionales.

Con el riesgo ya visto, eso supone que cuestiones de derecho público argentino sean decididas e interpretadas por tribunales extranjeros.

Cómo medir la calidad institucional

Los premios Nobel de Economía 2009 Douglas North y Oliver Williamson, llamados “economistas institucionales”, revolucionaron la historia económica al sostener que el desarrollo de los países depende fundamentalmente de la calidad de sus instituciones.

La definición más famosa de North es: “Las instituciones son las reglas de juego de una sociedad”, que incluyen la Constitución y las leyes, la independencia judicial, los derechos de propiedad, las normas sociales, las costumbres y la confianza entre las personas. Por eso las inversiones dependen más de la existencia de reglas previsibles que de los recursos naturales y del talento de la población. Si un empresario teme que el Estado cambie las reglas de manera arbitraria, invertirá menos.

Y si los contratos no se cumplen, habrá menos crédito; y si la justicia tarda 10 años en resolver un conflicto, aumenta mucho el costo de hacer negocios.

Costo de transacción

Ronald Coase, otro economista, descubrió esos costos a los que llamó “costos de transacción”, que North explicó que las instituciones determinan en toda sociedad, y que las buenas instituciones reducen.

Williamson tomó esas ideas y las desarrolló hasta convertirlas en una teoría completa sobre la organización de las empresas, a partir de la pregunta acerca de cuándo conviene comprar en el mercado y cuándo hacerlo dentro de la empresa. Y explicó cómo las organizaciones se adaptan para minimizar esos costos y favorecer el desarrollo.

Así, cuando aumenta la confianza, baja el índice de riesgo país y resulta más barato financiar la deuda externa y los proyectos del país.

Si el índice de riesgo país baja a una tasa razonable equivalente al 6% anual, el ministro Luis Caputo habla de una reducción de USD 2.000 millones por año; pero también baja el costo de financiar las obras necesarias para el desarrollo, como centrales eléctricas, proyectos mineros, gasoductos, puertos y las costosas plantas de licuefacción de gas natural, hoy en construcción.

El monto para el proyecto de Southern Energy en ejecución es de USD 7.000 millones y para el de YPF-ENI-XRG, en etapa final de decisión, supera los USD 30.000 millones. Eso permitiría elevar a más de USD 40.000 millones por año, a partir de 2031, las exportaciones de petróleo y gas.

Por eso es claro que la justicia incide de manera directa en el costo de financiación, en la posibilidad de concretar proyectos de inversión y desarrollo, en el precio del gas y la electricidad, e incluso en la rentabilidad de las exportaciones.

Es un asunto que en general se pasa por alto.

Cinco razones para recuperar la jurisdicción:

Hay al menos cinco razones por las que es muy importante recuperar la jurisdicción y fortalecerla:

1. Garantizar el cumplimiento de los contratos en tribunales propios, porque no basta con firmarlos: debe existir un Estado capaz de hacerlos cumplir, mediante tribunales independientes y organismos de control eficaces.

2. Afirmar la soberanía sobre los recursos naturales, como los hidrocarburos, la energía, los minerales y la pesca, ya que la jurisdicción determina quién autoriza, controla y fiscaliza la explotación de los recursos. Si no hay una jurisdicción clara, aumentan los conflictos entre la Nación, las provincias y los actores privados, muchas veces compañías internacionales.

3. Reducir el índice de riesgo país, no solo porque baja el costo del capital, sino también porque los inversores buscan leyes favorables, reglas previsibles y autoridades capaces de aplicarlas en forma consistente.

4. Proteger los intereses nacionales, porque cuando el Estado ejerce plenamente su jurisdicción puede hacer cumplir normas ambientales, cobrar impuestos y regalías, sancionar incumplimientos, defender el interés público y evitar abusos.

5. Fortalecer la confianza institucional, ya que los ciudadanos también necesitan seguridad jurídica, y que sus jubilaciones, derechos de propiedad, contratos y libertades no dependan de decisiones arbitrarias.

Si se quiere medir la reconstrucción institucional, hacen falta indicadores concretos:

1. Estado de derecho (World Justice Project): mide el cumplimiento de la ley, los derechos, la justicia civil y penal y la independencia judicial. Importa porque mide la calidad efectiva de la justicia.

2. Gobernanza (Banco Mundial): mide la calidad regulatoria, el Estado de derecho y el control de la corrupción. Importa porque mide la fortaleza institucional.

3. Índice de Percepción de la Corrupción (Transparencia Internacional): mide la percepción de corrupción en el sector público e incide en la confianza de ciudadanos e inversores.

4. Riesgo país (EMBI): es la prima que paga un país para financiarse y es consecuencia directa de la confianza o desconfianza que despierta.

5. Calificación crediticia (Moody’s, S&P, Fitch): expresa la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones, según la evaluación de largo plazo de las agencias calificadoras de riesgo.

Argentina no necesita descubrir una riqueza que ya posee. Necesita reconstruir las instituciones que permitan convertirla en desarrollo sostenido. Sin una justicia confiable, la seguridad jurídica queda reducida a una promesa. Sin seguridad jurídica, la inversión, el crédito y el crecimiento seguirán condicionados. Recuperar la jurisdicción y fortalecer la República forman parte de esa tarea pendiente.

El autor es Director del Comité del Comité de Asuntos Energéticos del CARI