Shutdown: lo bueno, lo malo y lo feo

La propuesta del presidente Javier Milei de incorporar por ley un mecanismo de shutdown al ordenamiento argentino reabrió un debate que trasciende la coyuntura económica. Como en el famoso western que inspira el título de esta nota, conviene mirar la iniciativa en tres partes: lo bueno, lo malo y lo feo. Porque el problema no es nuevo, y conviene separarlo antes de tomar posición.

Lo bueno: el diagnóstico de fondo

Empecemos por lo que la propuesta tiene de razonable. Después de décadas de desequilibrios fiscales recurrentes, financiados una y otra vez con emisión monetaria o por la vía del endeudamiento, discutir reglas que otorguen previsibilidad y reduzcan la discrecionalidad del gasto público es una conversación pendiente. La disciplina fiscal no es un capricho ideológico: es una condición para cualquier proyecto de estabilidad económica de mediano plazo. En eso, el diagnóstico que motoriza la iniciativa del gobierno es correcto, y sería un error descartar la discusión solo porque venga envuelta en un paquete importado.

Lo malo: el envoltorio no es la solución

Ahora, lo malo. El shutdown suele presentarse como una herramienta de disciplina fiscal, cuando en realidad es la consecuencia de un diseño institucional muy específico de Estados Unidos: una relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, y un sistema presupuestario, que no se parece en nada al argentino. Ni siquiera es una práctica extendida en el propio derecho comparado: es una anomalía. La gran mayoría de las democracias con reglas fiscales estrictas, desde los techos de gasto europeos hasta los regímenes de responsabilidad fiscal latinoamericanos, logran disciplina presupuestaria sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del Estado. Copiar el shutdown no es copiar disciplina fiscal: es copiar una excepción, y presentarla como si fuera la regla.

Lo feo: importar la forma sin la arquitectura que la sostiene

Y acá está lo feo, lo que de verdad debería preocupar. La Argentina ya tiene un mecanismo para cuando el Congreso no aprueba el Presupuesto a tiempo: por la Ley de Administración Financiera (24.156), se prorroga automáticamente el del ejercicio anterior. El Estado sigue funcionando. No hay cierre, no hay empleados sin cobrar, no hay parques ni aeropuertos afectados, como ocurrió en Estados Unidos en el shutdown de 2018-2019, el más largo de su historia: 35 días, 800.000 empleados federales sin sueldo. Importar el shutdown, entonces, no sería sumar una herramienta nueva a un sistema que carece de ella. Sería reemplazar un mecanismo de continuidad por uno de interrupción.

Y no sería la primera vez que este Gobierno se enamora de las formas. Durante el debate del proyecto original de la Ley Bases, se propuso introducir togas y martillos en los juicios por jurados, elementos tomados de la estética judicial estadounidense sin preguntarse si tenían sentido en nuestro sistema. Es el mismo error: confundir la forma del modelo que inspira con la sustancia que lo hace funcionar. Un shutdown sin la arquitectura constitucional que lo sostenga en su país de origen corre el mismo riesgo que un martillo en un tribunal que nunca lo necesitó: parecerse a algo, sin funcionar como ese algo.

El final, todavía por escribirse

A diferencia del western, acá el final no está escrito. La pregunta no es si la Argentina necesita mejores reglas fiscales, probablemente sí, sino cuáles son las instituciones adecuadas para lograrlas dentro de la propia arquitectura constitucional argentina, que distribuye las competencias entre el Congreso y el Poder Ejecutivo de manera muy distinta a la norteamericana. Antes de celebrar o rechazar la propuesta, hay que conocer su diseño concreto: ¿qué servicios quedarían exceptuados? ¿cómo se garantizaría la continuidad de las funciones esenciales? ¿es compatible con la reconducción presupuestaria que ya prevé la ley, o la reemplazaría? Si la respuesta es que la reemplaza, el Gobierno no estaría creando una nueva herramienta de disciplina fiscal: estaría desarmando la que ya existe.

Si el Gobierno pretende abrir este debate, es una buena oportunidad para discutir cómo fortalecer la responsabilidad fiscal sin arriesgar el funcionamiento del Estado. Modernizar no es calcar instituciones de otros países. Es construir reglas que respondan a los problemas, las capacidades y el marco constitucional propio.