
Un papá y su hijo van a la cancha a disfrutar del superclásico del domingo.
Una familia se dirige a la Calle Corrientes para ver la nueva obra de teatro en marquesina.
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Un grupo de amigas se reúne rumbo a un estadio para escuchar a su artista favorito.
¿Qué tienen en común todos ellos? Que al intentar estacionar su auto probablemente sean interceptados por un trapito.
Se trata de uno de los reclamos más recurrentes de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: miles de porteños a diario tienen que enfrentarse a situaciones de intimidación, aprietes o extorsiones por parte de unos pocos que actúan como si fueran dueños de un espacio que nos pertenece a todos.
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Naturalizar a los trapitos es resignarse a que la ley no se cumpla. Es por eso que detrás de esta Ley Antitrapitos —sancionada el pasado jueves en la Legislatura Porteña— no hay solamente una discusión teórica ni una simple construcción abstracta. Se aborda una problemática concreta que genera el hartazgo cada vez más extendido hacia las conductas abusivas que terminan imponiéndose sobre las reglas de convivencia que tenemos como sociedad.
Para nosotros es muy simple: el que cumple la ley no puede sentirse rehén del que no la cumple. Por eso, la iniciativa aprobada endurece las sanciones ya vigentes en nuestro Código Contravencional, incluyendo las penas de arresto, el aumento significativo de las multas y más días de trabajo de utilidad pública.
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Además, se amplía el agravante a los casos de intimidación, persistencia en la conducta o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, con el objetivo de brindar una mayor protección a los afectados.
Asimismo, fortalece las herramientas de prevención y control. Amplía de 30 a 50 cuadras el radio de protección en estadios, recitales y otros eventos masivos, con cobertura desde seis horas antes del inicio hasta tres horas después de su finalización, y establece sanciones más severas para organizadores y jefes de estas mafias. También incorpora sanciones como la prohibición de concurrencia e interdicción de cercanía, para evitar que vuelvan inmediatamente al lugar donde cometieron la contravención.
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Esta reforma reafirma una convicción que el PRO sostiene desde sus orígenes: la libertad solo es posible donde hay orden.
En esta oportunidad, la gestión de Jorge Macri profundiza una decisión política que permitió terminar con la lógica de los piquetes permanentes, recuperar calles ocupadas por manteros y avanzar ahora contra la mafia de los trapitos.
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Recuperar el espacio público es devolverle libertad a la gente y garantizar que la calle vuelva a ser de los porteños. Estamos convencidos de que donde gobierna el PRO, la gente indudablemente vive mejor.
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