70 años de educación privada universitaria en Argentina

En el corriente año, cumplen 70 años de existencia las 3 primeras Universidades privadas de la Argentina. Léase la Universidad del Salvador (confesional, creada por la Compañía de Jesús), la Universidad Católica de Córdoba (obviamente también confesional y creada por la Compañía de Jesús) y la Universidad del Museo Social Argentino (no confesional, creada por un grupo de profesionales particulares encabezados por el Doctor en Derecho Guillermo Garbarini Islas).

Al revés de otras naciones americanas, por caso Brasil, las universidades en la República Argentina nacieron más que todo por impulso estatal. En verdad, la primera universidad de la Argentina y una de las primeras de América es la que hoy se llama Universidad Nacional de Córdoba creada también por los Jesuitas en 1613, que luego fue convertida en provincial por el gobernador de la provincia, Gral. Juan Bautista Bustos, en 1820. Ya en 1854 adquirió el título de universidad nacional por disposición del presidente de la Confederación Argentina, General Urquiza. También se suceden, en el período de la Argentina independiente, la Universidad de Buenos Aires y sucesivas Altas Casas de estudios que se van fundando en principales ciudades del país, como, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata, la Nacional de Cuyo, de Tucumán, la Nacional del Litoral, etc.

Las privadas intentaban tomar entidad desde la Iglesia Católica pero no hallaban eco en el Estado ni tenían la envergadura como para avanzar. Había una concepción como que de lo público serían las cosas más serias y eficaces. Claro, esto no está en el orden natural porque en una República las personas físicas nacen privadas y mueren privadas. Solo en las monarquías y en la alta alcurnia de ellas, se nace público/a. Entonces es racional y lógico que las instituciones privadas se desarrollen en todo campo del saber científico. De hecho, había instituciones que ya tenían rango académico suficiente como para ser reconocidas como universidades: como el caso de la Universidad del Museo Social Argentino, a la cual tengo el honor de presidir, que ya había sido reconocida e incorporada como Instituto de Investigación y Docencia por la propia Universidad de Buenos Aires en la gestión rectoral del Dr. Ricardo Rojas (1925-1930). Asimismo, tenían rango de cursos académicos superiores los de Cultura Católica y sucesivos cursos dictados en entes pertenecientes a determinadas órdenes religiosas o al clero secular.

Lo cierto es que finalmente, a partir del Decreto-ley 6043, sancionado el 23 de diciembre de 1955, por el Gobierno de facto del General Aramburu y la iniciativa de su Ministro de Educación, Dr. Dell’Oro Maini, ratificado por ley 14557 promulgada en septiembre de 1958 por el presidente constitucional Dr. Arturo Frondizi, se dio curso a esa posibilidad.

Desde siempre las universidades privadas han tenido que hacer el itinerario de ser una asociación o fundación (entes sin fines de lucro) con un único objeto en la educación universitaria que se presentan al Ministerio de Educación de la Nación o máximo organismo del Poder Ejecutivo, el cual a su vez recurre a partir de la Ley de Enseñanza Superior 24521 (vigente desde 1995) a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) que se expide sobre la viabilidad del proyecto. De allí, si este es favorable, sale un decreto de autorización para funcionar provisoriamente por el término de 6 años. Pasado este período, la institución interesada solicita la autorización definitiva para funcionar como universidad ante la Dirección Nacional de Gestión Universitaria (DNGU), quien solicita la opinión obligatoria de la CONEAU y si esta es positiva, se pide por el interesado nuevamente la expedición del decreto de autorización definitiva.

Si bien esa autorización conllevó a polémicas a tal punto que hubo muchas voces que se oponían a su creación dándole un tinte comercial a estas universidades, lo cierto es que el sistema se fue afianzando con el tiempo y consolidando. Esto al punto que existen 46 universidades privadas y 17 institutos universitarios privados (diferenciando estos por ser de un principal y único objeto educativo). Por otro lado, existen en la actualidad un total de 57 universidades públicas.

Volviendo al sistema privado, de los más de 2,5 millones de alumnos que cursan carreras de grado y pregrado en institutos y universidades, 2 millones se inscriben en la universidad pública (80%), que es sostenida por el estado argentino pero que es gratuita para los estudiantes. Los restantes se inscriben en las universidades privadas. Sin embargo, la deserción en las universidades públicas hace que alrededor del 40% de los egresados de grado y pregrado pertenezcan a las universidades privadas y el resto a las públicas, mostrando un crecimiento altamente sostenido. Hoy decenas de miles de profesionales universitarios provienen de la educación superior privada. Por otra parte, ambos subsistemas conviven, aunque no en una proporción equitativa.

En suma, la contribución de las Universidades Privadas al sistema de formación académica de grado, pregrado y posgrado nacional no solamente es creciente sino también deslumbrante toda vez que cada vez más distinguidísimos profesionales egresados de estas Altas Casas de Estudios son destacados y nombrados para funciones de los estados provinciales o nacionales. Quizás uno de los ejemplos mayores sea el del Dr. Carlos Fernando Rosenkratz, que fue nombrado en 2016 miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo Rector de la Universidad de San Andrés.

En lo que hace al costo de las universidades privadas, varía significativamente dependiendo de cada caso y de cada carrera, siendo usual el otorgamiento de becas parciales o totales a los estudiantes que por determinadas y justificadas razones lo solicitan.

Es considerable valorar el aporte a la cultura nacional que hacen estas Casas de Altos Estudios que siempre cumplen con la ley vigente en lo que hace a su evaluación externa, y acreditación también a través del ente competente (CONEAU), sin recurrir a subterfugios evasores, siendo algunos de sus posgrados los más valorizados del país.

*El autor es rector de la UMSA