
La ciencia, la tecnología y la innovación son siempre y en todo lugar un fenómeno de la iniciativa del sector privado. Puede ser con el apoyo del Estado, en un proyecto público-privado de los que abundan en el mundo, pero es condición sine qua non que el privado sea quien tome la posta en dicho proyecto. Las más grandes invenciones de la humanidad han sido producto de la inventiva de un privado.
En nuestro país, este impulso a la ciencia y la tecnología lo lleva adelante el CONICET, un ente público que, por fuera de sus nobles orígenes cuando fuera fundado por el Premio Nobel Houssay, ha sido transformado en un ente que, de investigación y desarrollo genuino, fue teniendo cada vez menos. No afirmamos aquí que no deba existir investigación y desarrollo nacional. Afirmamos que, en las últimas décadas, la politización del organismo y el desmanejo de sus fondos ha generado que, donde anteriormente existiera ciencia y tecnología de calidad, hayan ido ganando espacio principalmente proyectos de investigación que apuntan al adoctrinamiento o tienen sesgo político definido.
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La investigación y desarrollo son esenciales para el progreso. Es por ello que, si se debe destinar dinero a ello, se deba hacer bien, orientando a las innovaciones que el sector privado requiera para gestar desarrollo y bienestar económico o que necesite el Estado para áreas críticas, como la defensa. Hoy en día el CONICET cuenta con más de 20.000 empleados entre investigadores, becarios, personal de apoyo y administradores. Uno pensaría que, con tantos empleados, nuestro país debería estar en la cresta de la ola en patentamientos y desarrollo. Spoiler, no lo estamos. En 2024, la distribución por área de conocimiento de los investigadores era: 26,78% para Ciencias Biológicas y de la Salud, 24,9% Ciencias Agrarias, 24,63% Ciencias Sociales, 21,11% Ciencias Exactas y 2,59% para Tecnología.
En el mundo, no es que los Estados no destinen recursos a investigar, sino que el presupuesto asignado a dicha investigación se enfoca en la investigación, especialmente en ciencias duras. Más del 90% del presupuesto del CONICET se destina en Gastos en Personal, no en investigaciones. Estamos de acuerdo en que, para que un país progrese, es necesaria la investigación, la innovación, la ciencia y la tecnología; pero debemos reconocer la necesidad de reformar un organismo que nos ha dado relativamente poco de ello en las últimas décadas.
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Es necesaria una reforma de la ciencia en la Argentina; necesaria no solo para abordar nuestro crecimiento con presteza, sino para devolverle a la ciencia su estatus de apolítica. El CONICET, con dinero cien por ciento público, debe encargarse únicamente de materias críticas para el Estado como la defensa. En lo que refiere a otras investigaciones exactas, se debe buscar un financiamiento privado. Financiamiento privado que, si la investigación propuesta servirá realmente para agregar valor a su operatoria, estará más que dispuesto a financiarlo. En lo que respecta a las Ciencias Sociales, estas, por su carácter intrínsecamente político, deben volver a las Universidades que estén dispuestas a financiarlas.
El último tema es aún más espinoso. En el CONICET existe lo que se llama la Carrera del Investigador. Esta implica que, cuando un investigador entra en el CONICET, hace carrera por su permanencia y su capacidad para inventar proyectos e investigaciones desde dentro. O sea, no es que se tiene una idea y se busca ayuda del CONICET para llevarla a cabo. Esto es un sinsentido que genera un enclaustramiento de la Ciencia, exclusivamente para poder avanzar en la Carrera, sin cimentación real en lo que necesita el sector privado, y por tanto haciendo que el CONICET se encierre en sí mismo. La innovación es esencialmente privada, por lo que la Ciencia y Tecnología en nuestro país no puede vivir aislada de su elemento constitutivo, el Estado puede tener un rol subsidiario de apoyo a las iniciativas que puedan generar desarrollo productivo o a la investigación en áreas que hacen a sus roles fundamentales.
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