Nunca Más también es una idea de país

A cincuenta años del Golpe de Estado de 1976, la Argentina sigue sosteniendo un consenso que, en perspectiva, no es menor: la condena al terrorismo de Estado y la imposibilidad de justificar la desaparición de personas como herramienta política. Ese acuerdo —que se sintetiza en el Nunca Más— forma parte de la identidad democrática del país y ha resistido incluso momentos de fuerte crisis política y social.

Sin embargo, esa persistencia convive con otro fenómeno, menos tranquilizador: una creciente distancia entre la sociedad y el sistema político. El aumento del ausentismo electoral, los niveles sostenidos de desconfianza en las instituciones y la insatisfacción generalizada con el funcionamiento de la democracia muestran que ese consenso no alcanza para ordenar el presente y, en algunos casos, tampoco para interpelarlo.

Esa tensión no es menor. El Nunca Más argentino no fue solamente una consigna de memoria, sino una construcción política que definió un límite y, al mismo tiempo, un horizonte. La dictadura de 1976 no fue simplemente un episodio de violencia estatal: fue la demostración de hasta dónde puede llegar el Estado cuando deja de reconocerse limitado, pero también —y sobre todo— una advertencia permanente de lo que ocurre cuando una sociedad se desentiende de la política, del Estado y de lo colectivo.

La transición democrática intentó responder a ambas dimensiones. Y es en ese punto donde la intervención de Raúl Alfonsín resulta decisiva, no solo por la restitución institucional, sino por las decisiones que se toman frente a lo ocurrido. La creación de la CONADEP, la producción del informe Nunca Más y el impulso al Juicio a las Juntas no fueron gestos inevitables ni simbólicos: establecieron un principio. Que el poder, en la Argentina democrática, no podía colocarse por fuera del derecho.

Ahí el Nunca Más deja de ser solo memoria y se convierte en una idea del Estado. No simplemente como un límite frente al pasado, sino como un criterio para el presente: qué puede hacer el Estado y qué no, bajo ninguna circunstancia.

Pero esa idea no era solamente un límite. Era también una promesa, y Alfonsín la sintetizó en una frase que, con el tiempo, se volvió incómoda: “Con la democracia se come, se cura y se educa”. No era un eslogan ingenuo, sino un modo de afirmar que la democracia no puede reducirse a un procedimiento, que debe ser capaz de organizar la vida material de la sociedad, de garantizar derechos y de producir condiciones de igualdad.

Cuarenta años después, esa promesa no desapareció, pero sí se volvió problemática.

La democracia argentina logró consolidar un límite claro frente al terrorismo de Estado, pero no logró resolver con la misma eficacia las condiciones de vida de amplios sectores de la población. La pobreza estructural, la fragmentación del sistema de salud, el deterioro educativo y la persistente desigualdad social conviven con un régimen político que, al menos formalmente, funciona. Y esa convivencia genera una tensión difícil de procesar: una democracia que se sostiene como valor, pero que se debilita como experiencia.

En ese contexto, el consenso democrático empieza a mostrar otra cara. Ya no aparece como un acuerdo robusto que organiza el presente, sino como una referencia que se activa, sobre todo, frente al pasado. Sabemos con bastante claridad qué no queremos que vuelva a ocurrir, pero mucho menos qué estamos dispuestos a construir.

Y en ese escenario empiezan a aparecer señales que no son inocentes. Cuando desde el poder se vuelve a empujar a la sociedad a discutir si fueron o no fueron 30.000, o cuando se relativiza la magnitud del terrorismo de Estado, lo que está en juego no es un número. Son los consensos que a la democracia argentina le llevó años construir. Es la forma en que decidió nombrar, comprender y juzgar su propia historia. Reabrir esa discusión no amplía el debate: introduce una duda donde había un acuerdo, y al hacerlo, lo vuelve más frágil.

No porque ese consenso vaya a romperse de un día para el otro, sino porque empieza a perder densidad. Porque deja de ser una referencia para ordenar el presente y se vuelve, de a poco, una memoria que ya no interpela.

Y ahí aparece una dificultad más profunda: el Nunca Más argentino se construyó como una respuesta a un Estado que había sido capaz de todo, pero su vigencia depende de una sociedad que siga creyendo en algo más que en sus límites. Depende, ni más ni menos, de una sociedad que no se desentienda de la política, del Estado y de lo colectivo.

Porque el problema nunca fue solamente el exceso de poder.

También fue —y sigue siendo— la ausencia de una comunidad dispuesta a discutirlo, a controlarlo y a sostener las condiciones que lo hacen tolerable.

Por eso, a cincuenta años del golpe, la discusión no es solo sobre el pasado, sino sobre las condiciones que estamos dispuestos a sostener en el presente y a cómo las nuevas generaciones nos hacemos cargo de la democracia que heredamos.