La política disociada

El Gobierno consolida su dominio de la situación política con el avance de los proyectos que integran el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, confirmando no solo la nueva musculatura de los bloques libertarios tras las elecciones de medio término sino también su pragmatismo para aprovecharse de la profunda crisis del peronismo y negociar con un puñado de gobernadores que vienen siendo clave tanto para garantizar el quórum como para aprobar las iniciativas.

Con mayorías holgadas el oficialismo avanza con una agenda que incluye -entre otras iniciativas- la tan mentada reforma laboral que, tras complicarse por la inclusión en el Senado de un polémico artículo restringiendo las licencias por enfermedad, logró sortear el escollo de la cámara baja merced al acompañamiento de 24 legisladores que responden a los gobernadores afines, varios de ellos identificados con el peronismo.

Lo cierto es que en la antesala de otra semana maratónica en el Congreso de la Nación, el gobierno libertario se encamina a aprobar una ley que -aún con las concesiones a los aliados, sectores empresarios e incluso al sindicalismo- introduce profundas flexibilizaciones en el mundo laboral que ningún gobierno no peronista pudo concretar desde el retorno a la democracia.

Una reforma laboral que para el Gobierno es uno de los pilares de la profunda “reformulación” del modelo productivo argentino que, por ahora, no logra salir de la fase destructiva para comenzar a vislumbrar la construcción de un modelo tan nuevo como de contornos difusos y sostenibilidad dudosa. Un camino en el que Milei avanza a una velocidad inusitada, por momentos casi dando la sensación de que descuenta su reelección en 2027, no solo confiado por su renovada centralidad política y su recientemente probada musculatura legislativa, sino por la ausencia total de figuras fuertes en el diezmado y cada vez más intrascendente universo opositor.

Sin embargo, en el tránsito entre lo que Milei entiende son las ruinas de un modelo basado en el proteccionismo industrial y un Estado omnipresente, y un “nuevo” modelo productivo que aún no termina de nacer, comienzan a sentirse con fuerza las consecuencias sociales y emerge una conflictividad creciente que, aunque aún no encuentra cauces representativos dentro del sistema político actual, si no se evidencian mejoras concretas en la cada vez más golpeada economía real, eventualmente habrá de crecer.

Mientras el Gobierno no solo parece minimizar estas consecuencias sino incluso asociarlas a delirantes teorías conspirativas, casos como el de la tradicional empresa FATE se vienen multiplicando en los últimos tiempos.

En noviembre pasado (último dato disponible) se destruyeron 28.800 puestos registrados: el total de empleos registrados perdidos en lo que va del gobierno de Milei superaría ya los 270 mil puestos de trabajo. Cifras que son consistentes con los datos que dan cuenta del ritmo sostenido del cierre de empresas y comercios: según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el número de empleadores pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en noviembre de 2025 (casi 22 mil menos), con una industria trabajando apenas al 50% de su capacidad instalada. A todo ello se suma la caída de los salarios reales que cerraron 2025 con una caída real interanual de 2,1%, con una baja que desde el último cuatrimestre del año viene acelerándose, con el agravante de una inflación que pese a las reiteradas promesas .

Por eso, FATE -más allá de las peculiaridades del caso- no escapa a la realidad que enfrentan no solo grandes industrias sino empresas medianas y PyMES de todo el país: la triple amenaza de la apertura indiscriminada, atraso cambiario (y crédito carísimo) y la competencia imposible con los productos chinos que buscan nuevos mercados tras las restricciones de Trump.

Frente a ello, el Gobierno parece seguir aferrándose a la idea de que el orden macroeconómico, la disciplina fiscal y la estabilidad financiera, junto al alineamiento con los Estados Unidos y las reformas estructurales como la laboral, generarán por sí solas las condiciones para un desembarco masivo de inversiones extranjeras y el desarrollo de otros sectores competitivos en condiciones de exportar. Algo muy difícil de avizorar en el corto-mediano plazo, tanto por las condiciones locales como por la geopolítica global, y más aún cuando se analizan que los sectores que podrían beneficiarse (minería, energía, minerales raros, agro, intermediación financiera) no solo son de maduración lenta sino de escasa demanda de mano de obra intensiva.

Así las cosas, un gobierno que parece haber conseguido logros que hasta hace poco parecían muy difíciles de alcanzar (gobernabilidad, centralidad política y estabilidad financiera, cambiaria y macroeconomía), no logra exorcizar el cada vez más temible fantasma de una economía real cuyas consecuencias, a la puerta de un nuevo escenario de estanflación, el gobierno pareciera desdeñar.

Una preocupante disociación que si bien como producto de la histórica crisis del peronismo (y el sindicalismo) y la profunda vacancia de liderazgos opositores, por ahora genera la ilusión de una baja conflictividad social, eventualmente podría derivar en procesos de hartazgo o indignación social con consecuencias imprevisibles. El propio Milei, todo un producto de ese patrón de frustraciones acumuladas por la dirigencia tradicional, debería saber muy bien que en escenarios como ese, las sorpresas políticas están a la orden del día.