Reforma laboral: una oportunidad para crecer

Argentina ostenta el dudoso honor de tener las contribuciones patronales más altas de América Latina. Con un 34,6% del costo laboral total destinado a aportes y contribuciones, nuestro país supera por 13 puntos porcentuales el promedio de los países de la OCDE. Chile tiene una carga del 7% y México una del 11,2%. Esto significa que, por cada trabajador, las PyMEs pagan el equivalente a 1,3 o 1,4 empleados.

Según datos de la UCEMA, las PyMEs representan el 98% del total de empresas registradas en Argentina. El sistema laboral actual puede ser soportado por las grandes empresas con economías de escala. Pero para esas más de 515.000 pequeñas y medianas empresas que sostienen el empleo del país, los costos actuales son inviables.

Esta brecha no es teórica. Determina qué negocios crecen, cuáles sobreviven con dificultad, y cuáles simplemente nunca llegan a abrir sus puertas.

Blanqueo y empleo: doble oportunidad

El Régimen de Promoción del Empleo Registrado ofrece condonación de multas para empleadores que regularicen trabajadores no registrados. La propuesta establece un “costo cero” para el traspaso de trabajadores informales al sistema, con reducciones de contribuciones patronales durante cuatro años.

Pero esto no es solo un beneficio empresarial. También abre oportunidades para quienes están desempleados. Cuando contratar es más accesible, las empresas incorporan personal. Menores costos laborales y menos riesgo de juicios significan más puestos disponibles. Un mercado laboral dinámico permite que quienes buscan empleo accedan más rápido a oportunidades formales. El blanqueo es la puerta de entrada al sistema para millones que hoy viven en la informalidad, sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin protección.

La industria del juicio

Las PyMEs argentinas enfrentan otro flagelo que pocas veces se menciona con la crudeza necesaria: la litigiosidad descontrolada. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en Argentina se inician 114,2 juicios por cada 10.000 trabajadores, mientras que en Chile la cifra es de 5,8. ¿La cuenta? Argentina tiene una litigiosidad 20 veces superior.

Buena parte de esta avalancha corresponde a reclamos por trabajo no registrado, diferencias salariales, ítems de convenios mal liquidados y horas extras no pagadas. El sistema actual incentiva la judicialización constante. Para una PyME, enfrentar un juicio laboral puede significar la diferencia entre contratar o cerrar las puertas. Los costos de defensa legal, más las posibles condenas, transforman cada contratación en una apuesta de alto riesgo. La reforma busca limitar esta industria que enriquece a intermediarios mientras ahoga al 98% del tejido empresarial.

Un sistema previsional sostenible

Hay otro beneficio de la reforma que pocos destacan. Con 43% de informalidad, Argentina tiene millones de trabajadores que no aportan para su futuro, generando un agujero fiscal que se cubre con emisión o deuda. ¿Cómo sostener un sistema previsional así?

Formalizar el 20% de los trabajadores en negro representaría aproximadamente 1,7 millones de nuevos aportantes. Eso significa más recursos genuinos para financiar jubilaciones, incluidas pensiones como la PASI, sin emisión monetaria. Más trabajadores formales equivale a un círculo virtuoso: empresas que contratan, trabajadores protegidos y jubilados con pensiones financiadas con aportes reales. Un sistema previsional sólido necesita aportes genuinos, no parches fiscales ni maquinitas.

Respondiendo objeciones y mirando al futuro

Las críticas suelen centrarse en tres argumentos que no resisten el análisis. Primero, que beneficia solo a las empresas. Falso: una PyME competitiva es la mejor garantía de empleo estable. Segundo, que precariza el empleo. También falso: la rigidez argentina produjo 43% de informalidad y estancamiento. Tercero, que reduce derechos adquiridos. La reforma no elimina indemnizaciones, aguinaldo ni vacaciones. El Fondo de Asistencia Laboral cambia la forma de financiar estos derechos, no los elimina.

Cuarto, sobre las vacaciones. Se critica que el empleador decidirá cuándo el trabajador toma vacaciones. La realidad es que hoy el empleador ya tiene esa facultad por ley, y en la práctica las fechas se negocian entre empleado y empleador según las necesidades de ambos. La reforma mantiene ese esquema, reduce el plazo de aviso de 45 a 21 días, y conserva la garantía de un verano cada dos años. No se eliminan vacaciones, aguinaldo, jornada de 8 horas ni indemnizaciones. El Fondo de Asistencia Laboral no quita derechos, cambia la forma de financiarlos: otorga al trabajador un fondo individual que lo protege incluso si la empresa quiebra. Los años de antigüedad de quienes ya trabajan se conservan completamente.

El presidente Milei ha defendido estas medidas como parte de una transformación profunda del mercado laboral. El proyecto, que será tratado en sesiones extraordinarias del Congreso, apunta directamente a resolver estos problemas. Para quienes temen por su empleo actual o por conseguir uno nuevo, la realidad es directa: más empresas viables significa más puestos de trabajo. Una PyME que hoy no puede contratar por costos prohibitivos, mañana podrá incorporar personal. Un desempleado que no encuentra oportunidades porque las empresas tienen miedo, tendrá más puertas abiertas. El verdadero riesgo no es reformar, sino mantener un sistema que condena al 98% de nuestras empresas al fracaso. Es hora de elegir más empleo y más crecimiento para todos los argentinos.