El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) vuelve a estar en el foco del debate público. Más allá de los tiempos y los signos políticos, el anuncio de la nueva forma de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) pone de manifiesto el rol central que tiene el organismo como rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y la importancia de su independencia política frente a las decisiones técnicas de recolección, tratamiento y difusión de datos. Su función principal es producir y coordinar estadísticas oficiales bajo el secreto estadístico y rigurosos estándares metodológicos avalados internacionalmente que garanticen calidad, consistencia y transparencia, imprescindibles para la confianza pública y la legitimidad de la información producida.
La disponibilidad de estadísticas oficiales permite identificar tendencias de mediano y largo plazo, evaluar el impacto de políticas públicas y gestionar nuevas, y provee un insumo clave para la producción científica y académica. En este sentido, el análisis de la realidad social, económica y demográfica requiere necesariamente de información confiable, sistemática y comparable en el tiempo. En contextos de alta volatilidad, como los que caracterizan a la Argentina, la ausencia de datos robustos tiende a reforzar diagnósticos basados en percepciones coyunturales, debilitando la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de los análisis y las políticas de largo plazo.
Por otra parte, la producción estadística tradicional enfrenta limitaciones vinculadas a costos, periodicidad y oportunidad de la información. En este sentido, la creciente disponibilidad de registros administrativos (RRAA) abre nuevas posibilidades para complementar y fortalecer el SEN. Los RRAA provenientes de áreas como salud, educación, trabajo, seguridad y asistencia social constituyen una fuente continua y detallada de información que, adecuadamente integrada y metodológicamente aplicada, permiten mejorar sustancialmente las capacidades analíticas a pequeños niveles de desagregación geográfica, tan necesarios para el conocimiento de la realidad social dispar del territorio nacional.
A este escenario se suma el avance de la inteligencia artificial (IA) y del procesamiento inmediato de grandes volúmenes de datos, que ofrecen oportunidades significativas para optimizar procesos, detectar patrones complejos y generar modelos predictivos.
En este marco de avances conceptuales y tecnológicos en las estadísticas y sus fuentes de información, algunos países de la región vienen trabajando en la incorporación de RRAA tanto del sector público como del privado, en censos o encuestas para lograr datos oportunos, continuos, de calidad y a un menor costo, siguiendo recomendaciones y buenas prácticas internacionales, fundamentalmente de los países nórdicos, pioneros en la optimización de esta metodología.
En el caso del INDEC (Res 130/25), se reforzaron algunos criterios preexistentes, tales como la adopción de estándares internacionales metodológicos como los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de Naciones Unidas y la protección de los datos personales, y se incluyeron nuevos desafíos como la planificación estadística a través de un Plan Estadístico Plurianual o el potencial de la IA en la producción de datos. Respecto al uso de RRAA como fuente estadística secundaria, se formalizó el rol del INDEC en su coordinación y en la promoción activa de acuerdos con los organismos productores y custodios, de la creación de un Inventario Nacional y del intercambio de información con el sector privado.
Si bien Argentina tiene una vasta trayectoria en las posibilidades de uso de información suministrada por RRAA, ejemplificada en la experiencia institucional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, la incorporación y articulación interoperable y estandarizada entre los RRAA y los productos estadísticos oficiales tiene aún un largo camino por recorrer. El desafío consiste en consolidar un ecosistema de información pública que articule la producción estadística oficial del INDEC con los sistemas de información registral, bajo principios de calidad, confidencialidad, legalidad y ética. Solo así será posible avanzar hacia diagnósticos estructurales que trasciendan la coyuntura y sustenten análisis y políticas basadas en evidencia en el mediano y largo plazo.
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