Lo que la Justicia empieza a ensayar en 2026

El año 2025 quedará registrado como un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en la Argentina. No porque la corrupción haya desaparecido —sería ingenuo afirmarlo—, sino porque el sistema penal fue sometido a una tensión extrema y, aun así, logró producir decisiones relevantes, algunas de ellas históricas.

El inicio del juicio oral en la Causa Cuadernos fue, sin dudas, la prueba de fuego. Con Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios de alto rango sentados en el banquillo, el proceso volvió a poner en el centro del debate a la figura del “arrepentido”. Allí no se discute solo si hubo sobornos en la obra pública, sino algo más profundo: si el Estado puede valerse de confesiones premiadas sin degradar garantías básicas. La pregunta no es menor: ¿hubo cooperación voluntaria o confesiones inducidas por el temor a la prisión preventiva? De esa respuesta depende la legitimidad de todo el andamiaje probatorio.

En paralelo, la confirmación de condenas en Vialidad y en la Ruta del Dinero K por parte de la Corte Suprema marcó un antes y un después. No solo por las penas y los decomisos millonarios, sino porque consolidó un mensaje claro: incluso los máximos niveles del poder político pueden ser alcanzados por sentencias firmes. Esto fortaleció la confianza pública en la Justicia, aunque también reavivó críticas sobre supuesta selectividad punitiva, un reproche que el sistema deberá seguir respondiendo con hechos y no con discursos.

Un dato no menor de 2025 fue la aparición de denuncias que salpicaron al gobierno actual, como los escándalos vinculados a Libra y a la ANDIS bajo la presidencia de Javier Milei. Desde el punto de vista institucional, estas investigaciones son saludables: demuestran que la vara judicial no se detiene en los cambios de signo político y que la imparcialidad no es un eslogan, sino una obligación constitucional.

El verdadero desafío judicial será, entonces, reconstruir la verdad histórica de los hechos investigados, sin apresuramientos ni condicionamientos externos, especialmente cuando los involucrados son funcionarios públicos en ejercicio del poder.

Si 2025 fue el año del cierre de ciclos, 2026 asoma como el de los precedentes. La ejecución de condenas contra exfuncionarios como Julio De Vido o José López obligará a definir criterios claros sobre prisión efectiva, domiciliaria y trato penitenciario en causas de alto impacto. No se trata de privilegios, sino de reglas estables que eviten arbitrariedades.

Al mismo tiempo, las revisiones pendientes en la Corte sobre la situación de CFK y sobre la Ruta del Dinero K serán decisivas para delimitar el alcance real de la Ley 27.304. Allí se jugará el equilibrio entre eficacia investigativa y garantismo: si se valida cualquier confesión, el sistema gana rapidez pero pierde legitimidad; si se anula todo, se debilita una herramienta clave contra el crimen organizado.

Las investigaciones que alcanzan a figuras y las causas provinciales reforzarán otro aspecto central: el federalismo judicial. La corrupción no es un fenómeno exclusivo de Buenos Aires, y combatirla exige estándares probatorios serios en todo el país, especialmente en materia patrimonial y de lavado de activos.

En definitiva, 2026 será un laboratorio. Habrá innovación judicial, debates sobre eficiencia y tensiones inevitables. Pero conviene recordar una verdad básica del derecho penal: la legitimidad no nace del castigo, sino del proceso. Si la Argentina logra juzgar al poder con rigor técnico, sin atajos ni venganzas, habrá dado un paso decisivo hacia una madurez institucional largamente postergada.